La juez decidió aplazar la comparecencia de Franco, fijada en un principio para el día 5 y de manera telemática, tras presentar la Abogacía del Estado un recurso en el que alegaba indefensión del delegado del Gobierno.

Ese mismo día están también llamados como testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

Rodríguez-Medel ha ido ampliando su investigación y tras la polémica desatada por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y por los errores que contenía el primer informe de la Benemérita sobre la actuación de la Delegación del Gobierno, ha citado a declarar a un total de 18 testigos entre el miércoles y el jueves de esta semana.

Entre ellos hay varios funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid y varios de los convocantes de algunas de las concentraciones que se preveía celebrar entre el 5 y el 14 de marzo, y que decidieron desconvocar voluntariamente las protestas.

Los citados son, entre otros, la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin ayuda de Alquiler, el representante de una organización en defensa del sistema público de pensiones de Getafe; el portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; el secretario general del Sindicato CGT de Madrid; la representación del colectivo de afectados de Forum Afinsa; un miembro del sindicato CGT Amazon, y otro del sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.

Su testimonio será decisivo puesto que el primero de los informes que le envió la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, cuando Pérez de los Cobos estaba aún en su cargo, apuntaba que la Delegación del Gobierno se había puesto en contacto telefónico con algunos de los impulsores de manifestaciones para hacerles indicaciones fuera de los cauces oficiales para que desconvocaran por la expansión del coronavirus.

Ese informe enviado a la jueza concluía que ninguna manifestación debió celebrarse en esas fechas. Pero el escrito adolecía de errores de bulto e imprecisiones: confundía la fecha en la que la OMS declaró la pandemia, destacaba que las ministras acudieron a la manifestación del 8-M con guantes para protegerse, cuando ya lo hicieron así en convocatorias anteriores, o atribuían a uno de los convocantes de una manifestación la confesión de que la Delegación de Gobierno le pidió la desconvocatoria por razones sanitarias.

El informe fue sustituido días más tarde, por otro en el que se admitían esos errores, incluida a atribución de declaraciones inciertas a un testigo. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaba que la destitución de Pérez de los Cobos estuviera relacionada con las pesquisas judiciales. Una versión que quedó en entredicho cuando salió a la luz un documento reservado firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el que reconocía que el relevo del coronel se debía a una “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento”.

Con este escenario de fondo, se producirán estas comparecencias derivadas de la denuncia presentada por el abogado, Víctor Valladares, que pedía proceder penalmente contra el presidente del Gobierno, todos sus ministros y todos los delegados del Gobierno de España, así como contra el coordinador de Emergencias, Fernando Simón, que fue descartada por la jueza.

Falta aún conocer la posición de la Fiscalía que ya ha comenzado a estudiar el llamado `caso 8-M´, pero que aún no se ha pronunciado. Aunque por el momento no hay tomada una decisión, fuentes fiscales apuntan que el ministerio público podría no oponerse a la declaración de Franco y de los testigos para tomar posición, a la vista de sus testimonios.