Así lo exigió en un comunicado emitido en respuesta a la publicación del Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, que, en el caso de contratos de viaje combinado cancelados, establece la posibilidad de ofrecer al consumidor, previa aceptación por su parte, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido.

Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado, que deberá abonarse, “a más tardar”, en 14 días.

Tras emplazar a estas empresas a que “asuman de una vez su obligación", la organización de consumidores consideró que, en su redacción original, el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, “se prestaba a la interpretación” de que las agencias de viajes podían ofrecer un bono que los usuarios “tendrían derecho a canjear por su dinero si pasado un año no habían hecho uso de él”.

Una interpretación que, tal y como había denunciado Facua, “entraría en contradicción” con la directiva europea de viajes combinados, por lo que la asociación mostró su “satisfacción” por la modificación al tiempo que advirtió a los usuarios a los que las agencias hayan entregado bonos mostrándoles su negativa a devolverles el dinero que pueden presentar nuevas reclamaciones para exigirlo.

DERECHOS EN VACACIONES

Por otra parte, reclamó a Ejecutivo y comunidades autónomas que garanticen el respeto de los derechos de los consumidores ante posibles incidencias, cancelaciones o abusos que puedan producirse durante sus vacaciones puesto que, lamentó, “aún son muchos" los que están "esperando" las devoluciones y reintegros de agencias, aerolíneas y hoteles tras sus reclamaciones.

A este respecto, alertó de que, ante posibles cancelaciones, existe un “alto riesgo” de que aerolíneas, hoteles y agencias de viajes “pongan trabas” para devolver el dinero e intenten que los usuarios acepten bonos para ser utilizados en el futuro.

Facua consideró que, en su plan de reanudación de la actividad turística, además de proteger la salud de los usuarios, el Ejecutivo “no debe olvidar” la protección de los derechos de los ciudadanos en materia de consumo. Por ello, le animó a que trabaje para garantizar que estos no encuentren dificultades a la hora de recuperar su dinero en el caso de que esos viajes o reservas de alojamiento y otros servicios vacacionales no puedan realizarse.