Se trata de aplicar con carácter transitorio en el territorio de cada comunidad autónoma el régimen estatal de infracciones y sanciones, “a fin de evitar las situaciones de impunidad que puedan producirse en las comunidades autónomas por violación del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, según un comunicado de el Cermi Estatal.

Esta aplicación del régimen estatal se mantendría sólo hasta que se promulgue la ley autonómica específica sobre esta cuestión. Con esta decisión, según el Cermi, “las comunidades autónomas se dotarían de un marco protector y garantista de los derechos de las personas con discapacidad al disponer un régimen de infracciones y sanciones”.