Así lo verbalizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, cuando al atender a los medios de comunicación en Málaga fue preguntado por la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

“Máximo respeto a las resoluciones judiciales, por supuesto, y máxima exigencia también de responsabilidades políticas”, sintetizó Montesinos, recordando que el PP “siempre respeta todas las decisiones judiciales porque creemos en la separación de podres y en el Estado de derecho”.

En este sentido, defendió que el respeto a las decisiones judiciales es “compatible con exigir responsabilidades políticas” y ya anticipó que su partido no va a dejar de hacerlo. “Consideramos que las manifestaciones del 8-M no se debieron celebrar nunca”, sentenció, dejando claro también que “el problema y la culpa no es del feminismo”.

Tras recordar que hubo dirigentes del PP que acudieron a estas movilizaciones, cargó el “problema” en el Gobierno, que “no debió convocarlas” porque “ya tenía información” con alertas e informes de la Unión Europea sobre el riesgo de contagio por coronavirus. “Creemos que no se debieron celebrar y por eso vamos a exigir responsabilidades políticas”, reiteró.

“Hoy sabemos por los medios de comunicación que el ministerio del Interior un mes antes del 8-M ya pidió en las cárceles españolas que se mantuviera distancia de seguridad, pero un mes después se celebraron esas manifestaciones”, expuso el responsable de Comunicación de Génova.

Finalmente, Montesinos advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que quedarán “retratados ante la opinión pública” si impiden una comisión de investigación en las Cortes Generales en la que salga a la luz “toda la verdad”.

En un auto de 51 páginas, la jueza que investiga el 8-M desgrana los argumentos para adoptar esta decisión después de tomar declaración a Franco y a una veintena de testigos esta semana. Así, concluye que "no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos" al delegado del Gobierno en Madrid por el presunto delito de prevaricación administrativa.

Según dice su escrito, el imputado "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y señala que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".