La patronal agraria ha tenido acceso a contratos, de los que aporta copia en un comunicado difundido estes jueves, en los que compradores imponen cláusulas que obligan a reconocer un coste de producción falso de 2,05 euros el kilo, un 25% por debajo del coste oficial (2,70 euros) reconocido por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el aceite de oliva virgen extra.

“Esto tiene un nombre. Son prácticas mafiosas para intentar sortear la reforma de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria que obliga a pagar por encima de costes a los agricultores. En muchos casos, las cooperativas se ven obligadas a pasar por el aro por el miedo a perder la venta y no dar salida a la producción de aceite almacenada, en un sector en el que son muy pocos los que concentran el grueso de la comercialización. En medio de una crisis de precios en la que se ve sumida el sector desde hace casi dos años y con miles de olivareros abocados a la bancarrota, este tipo de prácticas no sólo son ilegales, sancionables y perseguibles sino que muestran la inmoralidad y especulación con la que juegan ciertas industrias”, señaló Juan Luis Ávila, responsable del olivar de COAG.

La organización profesional va a trasladar toda la información disponible a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que estudie las denuncias correspondientes.

COAG ha pedido a este organismo que active de forma urgente una campaña de inspección y verificación de contratos en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes de las comunidades autónomas.

COAG reclama a la AICA que vigile que en los contratos de compra-venta de aceites de oliva se cumple el artículo 12 de la Ley para evitar la destrucción de valor en la cadena, es decir, que el precio que se pague sea igual o superior al coste de producción en el sector oleícola.

Desde esta organización se recuerda que si hay coacción para vender bajo costes o incluir cláusulas abusivas en los contratos, la sanción recaería para los compradores de aceite, no sobre el presidente de la cooperativa o la junta rectora de la misma.