Según estos datos, extraídos del Anuario Concursal, la empresa concursada típica pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, tiene contratados más de sies empleados y un pasivo que supera ligeramente los 400.000 euros (frente a los casi 600.000 euros de 2015, o los 900.000 euros de 2014).

En cuanto a la situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94,2% de los casos), el Colegio señaló que “sigue estando bastante deteriorada”, ya que “dos tercios reflejan pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y más de la mitad de ellas ni tan siquiera se puede plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados”. En concreto, sólo alrededor de un 15% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.

Por otra parte, los registradores resaltaron que en 2019 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción siguió disminuyendo, situándose en un 23,1%, frente al 30,1% en 2016, 27,3% en 2017 y 25,8% en 2018, y muy lejos del 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecían al sector de servicios no inmobiliarios el 61,7% de las sociedades.

En lo que respecta a la duración del concurso, en 2019 se ha estimado que el concurso típico abreviado tardó 716 días en concluir (937 en 2018 y 990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requirieron de 2.077 días (2.009 en 2018 y 1.698 en 2017), consumiéndose la mayor parte de este tiempo en la fase de liquidación.