En su iniciativa, el partido que lidera Pablo Casado demanda al Gobierno que implante medidas de seguridad sanitaria en los aeropuertos y, para ello, le emplaza a aprobar un protocolo específico para garantizar “los corredores de tránsito de viajeros seguros”.

El Grupo Parlamentario Popular recuerda en la exposición de motivos de esta proposición no de ley que el 21 de junio los aeropuertos españoles reanudaron su actividad con 650 operaciones “bajo la promesa de constituirse como destinos y aeropuertos seguros”.

“Pero las medidas no iban más allá de una mera declaración responsable por parte de los pasajeros”, recalca el PP, que piensa que el Gobierno “ha abierto la puerta a que los costes de las medidas de seguridad sanitaria e higiene en los aeropuertos se traslade a las compañías aéreas y a una subida de las tarifas, lo que puede traducirse en un aumento del precio final de los billetes a los usuarios”.

Para el PP, el camino que debería emprender el Ejecutivo es “precisamente el contrario” y pasaría por “bonificar las tasas aeroportuarias como medida general para incentivar la conectividad y restablecer la movilidad aérea”.

En este sentido, el Grupo Popular pide vigilar que se mantenga el equilibrio entre estas bonificaciones, servicios y tarifas finales a abonar por los usuarios, de forma que no se traduzca en un aumento de los precios. Por ello, reclama que se clarifique el marco generador y de aplicación de las tasas aeroportuarias.

Además, el PP exige al Ejecutivo especificar con criterios de transparencia los términos del convenio con el Ministerio de Sanidad al que se alude en el RDL 21/2020 para la aplicación de protocolos sanitarios por Aena y clarificar qué inversiones se llevarán a cabo y en qué plazos.

De esta forma, el PP incide en que el principal modo de transporte para los viajeros que llegan a España es el avión, por lo que considera “absolutamente necesario establecer, en colaboración con las aerolíneas, un mecanismo incentivador para salvar una de las principales industrias de España y que están en riesgo ante el preocupante vaticinio de caídas de 80.000 millones de euros con respecto a 2019”.