Así lo precisó a través de un comunicado en el que recordó que la RDC tiene una de las tasas más altas de desplazamiento interno del mundo, con más de cinco millones de personas desarraigadas por la inseguridad dentro del país y casi un millón de refugiados congoleños han tenido que buscar la seguridad en los países vecinos.

Tras denunciar los asesinatos, mutilaciones, violencia sexual y pillajes protagonizados por grupos armados que infunden el terror en asentamientos de desplazados y áreas de acogida, la organización agregó que la población desplazada también sufre represalias cuando es percibida como “colaboradora” del ejército, por parte de los grupos armados que retornan a áreas liberadas por aquel.

Así, en las últimas ocho semanas, Acnur y sus socios han registrado múltiples ataques por grupos armados sobre asentamientos de desplazados y pueblos, principalmente en el territorio Kjugu, en Ituri, en los territorios de Fizi y Mwenga en la provincia de Kivu Sur, así como en los territorios de Masisi y Rutshuro en la provincia de Kivu Norte.

Como ejemplo de esta violencia, el 23 de junio casi 5.000 personas se vieron forzadas a huir de sus hogares en la provincia de Kivu Norte por el continuo conflicto entre dos grupos armados en la ciudad de Mweso. Los atacantes saquearon las escuelas donde se habían refugiado muchas personas y en la actualidad, según la organización, distintos grupos armados están ocupando decenas de pueblos.

Los ataques actuales se suman a una situación de desplazamiento ya “compleja”, según Acnur, en el este de la RDC y, a su juicio, supone un “enorme riesgo” para la población que se ha visto forzada a abandonar sus hogares al tiempo que impone una “mayor presión” en las áreas de acogida de personas desplazadas.

MUJERES Y NIÑAS

Por otra parte, esta agencia de la ONU lamentó también el aumento, en los últimos meses, de los ataques con violencia sexual y de género, la mayoría perpetrados por grupos armados, ya que sólo en el último mes se registraron más de 390 casos de violencia sexual en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.

Además, los ataques contra centros de salud y el saqueo de botiquines de profilaxis post-exposición, que incluyen medicamentos antiretrovirales para tratar a personas que podrían haber quedado expuestas al VIH, están “dificultando los esfuerzos” para proporcionar asistencia médica a los supervivientes de los ataques, según Acnur, que continúa trabajando en las tres provincias para facilitar el traslado de los supervivientes de violencia sexual a los centros de salud más próximos, prestando asistencia a la población desarraigada y apoyando a la población de acogida de los desplazados internos, que, a su entender, juega un rol “fundamental” para responder a las necesidades de protección de las comunidades.

Ante unas necesidades “ingentes y crecientes”, volvió a solicitar mayor apoyo económico para la operación en la RDC, recordando que sólo ha recibido el 21% de los 168 millones de dólares estadounidenses que precisa.