Mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno “impulsar cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para garantizar la correcta aplicación por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciaras cuya competencia tienen transferida”.

Así las cosas, el PP aboga por “impedir el pase al tercer grado de los condenados por delitos de sedición” y reclama al Gobierno central “renunciar a cualquier negociación para traspasar las competencias en materia penitenciaria a la comunidad autónoma del País Vasco”.

Del mismo modo, con esta iniciativa insta al Ejecutivo a “paralizar la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo y revisar todas las decisiones ya adoptadas en este sentido”, así como a modificar la Ley General Penitenciaria para que el acceso a un nuevo grado exija que los penados muestren “signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la comisión de otros delitos análogos”.

Para certificar el cumplimiento por parte del penado de los anteriores requisitos, el PP considera que un equipo técnico deberá presentar un escrito de propuesta de un modelo excepcional que lo acredite y que la Junta de Tratamiento deberá realizar una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarlo al juez de vigilancia para su aprobación.

Igualmente, el Grupo Popular plantea en esta proposición no de ley la reforma del Código Penal para “recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal”.

A esto une su demanda para “impedir de forma efectiva los homenajes públicos a terroristas” y para que se modifique la ley de financiación de los partidos políticos de tal forma que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.

El PP quiso compartir mediante esta iniciativa “la gran preocupación generada en la sociedad española por una serie de decisiones que están suponiendo beneficios injustificables para los presos condenados por la sedición orquestada desde las instituciones autonómicas catalanas y los que lo fueron por actos terroristas cometidos por ETA”.