La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados tomó esta decisión ante “las reiteradas sentencias” dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que archivan sistemáticamente los recursos interpuestos contra las denegaciones de entrada en territorio español a ciudadanos extranjeros.

Según se desprende de estas sentencias, la justicia madrileña interpreta que los letrados de oficio “carecen del poder de representación” de los inmigrantes. Además, estas resoluciones imponen al letrado una sanción pecuniaria por mala fe procesal, según informaron desde el Colegio de Abogados.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados decidió ayer interponer un recurso de casación para que el Tribunal Supremo fije una doctrina legal que reconozca “que el letrado de oficio ostenta también, en virtud de la designación colegial, la representación del cliente sin que, en ningún caso, pueda considerarse al abogado como parte”.

Asimismo, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha decidido otorgar el amparo colegial a los letrados de oficio que se han visto afectados por estas sentencias.