En un comunicado, el sindicato recordó que el acuerdo, suscrito el 4 de marzo de 2019, “afecta a cerca de 400.000 personas” y contempla “un nuevo encuadramiento legal de sus funciones y lleva aparejada una subida salarial anual, según los cálculos de CSIF, en una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019”.

Sin embargo, según CSIF, “el Ministerio de Función Pública nos dice ahora que esta subida, pese a estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda, no se podrá llevar a cabo hasta que no vean la luz los nuevos Presupuestos Generales del Estado”.

“Hasta hoy mismo, CSIF ha estado en contacto con el Ministerio para que reconsidere su postura. Ya nos hemos cansado de esperar”, indicó, agregando que “en nuestra opinión, ante las evidentes dificultades que supondrá acordar unos próximos Presupuestos, CSIF entiende que el Gobierno vuelve a situar a los empleados públicos como rehenes del acuerdo político”.

Por ello, CSIF considera que “ha llegado el momento de dar una respuesta conjunta y contundente en defensa de los derechos de las plantillas”, al considerar que “escudarse” en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, “supone una deslealtad con el personal laboral y una gran injusticia que deja palpable una vez más la desconsideración que la Administración tiene con este colectivo y el desprecio absoluto a la negociación colectiva”.

"PÉRDIDA TOTAL DE CONFIANZA"

Además, para CSIF, “este incumplimiento del IV Convenio Único pone en riesgo la negociación colectiva y supone una pérdida total de la confianza necesaria para abordar cualquier negociación haciendo peligrar la posibilidad de llegar a futuros acuerdos a lo largo de la presente legislatura”.

Asimismo, el sindicato considera que “hace falta un refuerzo urgente de las plantillas en diferentes ámbitos que dependen tanto del Gobierno (Seguridad Social, SEPE, Prisiones, Justicia) como de las comunidades autónomas (Sanidad, Asuntos Sociales, Educación) y que requieren del impulso y coordinación del Ejecutivo”, y recuerda que la temporalidad en las administraciones públicas se sitúa actualmente en “una cifra récord” del 27,8%, según la EPA, y que el 64% de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar.

Así, reclama recuperar “la estructura salarial previa a 2010” y equiparar las retribuciones entre administraciones, indicando que “los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010”; un llan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario; establecer las 35 horas semanales en el conjunto de las administraciones; reconocer el Covid-19 como enfermedad profesional; la jubilación parcial y anticipada de determinados colectivos; mantener el sistema de clases pasivas y adecuar los haberes reguladores; y desarrollar la bolsa de horas para conciliación.