En la petición de comparecencia registrada, el Grupo Parlamentario Popular reclamó al ministro de Sanidad que acuda a la comisión del ramo en la Cámara Baja para dar cuenta “de la situación de los múltiples rebrotes Covid-19 que se están produciendo en España actualmente”.

Del mismo modo, el partido que lidera Pablo Casado también pidió a Illa que explique en sede parlamentaria las gestiones realizadas por su departamento desde el fin del estado de alarma en España.

A este respecto, fuentes populares recalcaron a Servimedia que “desde que concluyó el estado de alarma hemos exigido al ministro Illa un plan detallado contra los rebrotes”. Recordaron que el pasado 23 de junio el ministro ya aseguró en comisión que estaba ultimándo este plan, aunque “no ha sido hasta ahora cuando ha presentado un borrador”.

Por ello, los populares consideraron que ahora “aún es más apremiante” la comparecencia del titular del Ministerio de Sanidad para que dé “todos los detalles” del mismo.

“PLAN B”

Además, sobre la decisión de una juez de suspender la decisión del Ejecutivo de Quim Torra de confinar a miles de personas en Lérida, el secretario de Justicia y de Interior del PP, Enrique López, dijo que “la resolución adoptada por la Justicia catalana no ratificando las medidas limitativas de derechos fundamentales que había adoptado el gobierno de la Generalitat como consecuencia del coronavirus pone de manifiesto precisamente que existe un plan b al estado de alarma”.

Recordó que así lo viene defendiendo el PP y resaltó que “lo que esta resolución dice con claridad es que lo que no se puede al amparo de la legislación ordinaria y menos en una comunidad autónoma es restringir el derecho a la libertad personal confinando a los ciudadanos en sus domicilios”.

“Pero sí puede una autoridad autonómica establecer condicionamientos al derecho a la libre circulación, a la libre deambulación, que recordemos que comienza cuando sale uno de su domicilio”, expuso, y en base a ello dijo que el PP avaló con su voto el estado de alarma “mientras afectaba al derecho esencial a la libertad personal” y dejó de hacerlo “cuando la medida a la que se refería estado alarma era el condicionamiento del derecho a la libre circulación, a abandonar un ayuntamiento, un pueblo o una comunidad”.

A su juicio, “esto es perfectamente posible aplicando la legislación ordinaria en materia sanitaria y lo pueden por supuesto determinar las autoridades de una comunidad autónoma”. En todo caso, opinó que “esto pone de manifestó precisamente la necesidad de actualizar nuestras leyes en esta materia, tal y como ha propuesto el PP y a lo que el Gobierno de la nación se negó de forma reiterada”.

Por todo ello, lamentó que el Parlamento se vaya de vacaciones “sin haber ni siquiera tenido en cuenta la posibilidad de reformar las leyes en materia sanitaria para que se puedan adoptar medidas por parte de las comunidades autónomas con un basamento legal mucho más claro y que permita establecer esa proporcionalidad entre el condicionamiento de un derecho y el fin perseguido que es proteger la salud pública”.