Según informó este martes el Instituto Armado, la empresa contra la que se ha actuado era la que acaparaba la totalidad del reciclaje en Andalucía de los gases refrigerantes, cuyo tratamiento inadecuado es especialmente perjudicial para la capa de ozono, además del riesgo que conlleva tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.

A los arrestados se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales. También están siendo investigados dos trabajadores de la misma empresa en relación con estas actuaciones presuntamente delictivas.

La Guardia Civil ha constatado la posible falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado. De esta manera, incrementaban los beneficios económicos, que según la investigación ha podido superar el fraude de 16 millones de euros en los últimos años.

8 MILLONES DE BENEFICIOS

La empresa mercantil investigada acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía. Los residuos supuestamente reciclados son aparatos como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y sobre todo, los conocidos como termos eléctricos -cuyo aislante posee el citado gas- que en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera.

La emisión de estos gases es especialmente perjudicial para la capa de ozono, además del riesgo que conlleva tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.

Además de los gases refrigerantes, el Seprona detectó en esta empresa de Sevilla la falta de tratamiento de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos, cuya manipulación podría haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa, además de provocar daños en el medio ambiente.

Según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en aproximadamente 8 millones de euros en los años investigados.

Tras la finalización de su vida útil, los residuos que se producen de los aparatos eléctricos y electrónicos -denominados RAEE-, necesitan de un tratamiento para su correcta eliminación, sufragado por los fabricantes de electrodomésticos (fabricantes). Esta gestión es canalizada a través de los Scrap (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor), organizaciones sin ánimo de lucro, que financian a los gestores de residuos que realizan el citado tratamiento.