En la reunión han estado presentes el fiscal de Sala Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que se configura como el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, ejerciendo también el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas.

La función fiscalizadora de la actividad económica y financiera del sector público tiene como fin el control y garantía de cumplimiento de los principios de legalidad y de buena gestión. Por su parte, la función de enjuiciamiento tiene por objeto determinar la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales públicos.

Se trata de un procedimiento de naturaleza indemnizatoria, que persigue el reintegro de los daños y perjuicios económicos sufridos por el erario público, y es compatible con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal.

Entre los procedimientos que mayor interés social han suscitado últimamente figura el que determinó la cuantía y la responsabilidad de los perjuicios económicos generados como consecuencia de los gastos de organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas interviene en todas las fases de los procedimientos, y tiene una misión esencial en la protección de los bienes públicos como garante de la legalidad, participando en los procedimientos de fiscalización y ejercitando la acción de responsabilidad contable para la devolución de los perjuicios económicos irrogados a las distintas administraciones públicas y al sector público en general.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se compone de un fiscal de Sala Jefe, un teniente fiscal y tres fiscales. Su actuación es de gran relevancia en lucha contra la corrupción y la devolución de caudales públicos.

Durante los últimos meses, el Tribunal de Cuentas ha desplegado una intensa actividad en relación a las actuaciones del sector público encaminadas a paliar los efectos de la Covid-19 y fomentar la actividad económica.