Según informó la patronal Unespa, más de 700.000 personas en toda España estaban cubiertas por el fondo solidario de 38 millones de euros aportados por 109 aseguradoras para proteger a una parte del personal de hospitales, tanto públicos como privados; centros públicos de atención primaria, servicios de emergencias, así como en residencias de mayores, también públicas y privadas.

Esta cobertura gratuita se amplía ahora a todo el personal que presta sus servicios en los anteriores centros sanitarios y en las residencias de mayores. Con esta ampliación entran a formar parte del colectivo asegurado el personal administrativo, de limpieza, cocina, mantenimiento y lavandería; así como los psicólogos clínicos, todos los especialistas y técnicos superiores, los odontólogos e higienistas dentales, los logopedas, los fisioterapeutas de atención primaria y de residencias de mayores, los terapeutas ocupacionales y los trabajadores sociales, entre muchos otros perfiles profesionales.

Asimismo, se amplía la protección de este seguro gratuito a quienes prestan sus servicios en residencias para personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, parálisis cerebral o autismo, así como en residencias de salud mental, tanto públicas como privadas. La protección que el seguro presta a estos profesionales se mantiene igual.

Se cubrirá con este fono a todas aquellas personas del colectivo asegurado que sean hospitalizadas o fallezcan a causa directa del coronavirus desde el pasado 14 de marzo hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, ambos días incluidos. La cobertura tiene, por lo tanto, carácter retroactivo.

El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa de la Covid-19 asciende a 30.000 euros por persona. El subsidio de hospitalización, entre tanto, conllevará el pago de 100 euros al día al profesional ingresado siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. Así, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros por persona. La protección tiene una vigencia de seis meses, a contar desde el inicio del estado de alarma.