En un comunicado, se hizo eco de que en la última semana, tres incendios en los asentamientos informales de Lepe y Lucena (Huelva) "han destruido la única opción de alojamiento para los trabajadores estacionales cuando llegan a España".

"Hasta ahora, las más de 170 personas que se han quedado a la intemperie" han sido ignoradas por los ayuntamientos", destacó. "Algunos han perdido sus papeles y pertenencias y son aún más vulnerables", agregó.

En su opinión, "estos incidentes ponen de manifiesto la urgente necesidad de regularizar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y de asegurarles un trabajo y una vivienda decentes", dijo De Schutter. Por ello, instó a administraciones locales, empleadores agrícolas y empresas a "buscar de manera urgente y coordinada una solución para poner fin a la situación de degradación en la que viven los trabajadores agrícolas estacionales”.

En junio, el Relator Especial pidió a las autoridades españolas que velaran para que se garantizara a los trabajadores migrantes unas condiciones conformes a las normas internacionales.

Un mes después "la situación se deteriora de manera alarmante cada día", prosiguió, "en medio de la pandemia del Covid-19"."Esta realidad de incendios y condiciones inhumanas en los barrios de chabolas no puede ser tolerada por más tiempo", subrayó De Schutter.

Señaló que "los gobiernos locales han permanecido en silencio durante demasiado tiempo y necesitan dar ahora una respuesta oportuna y adecuada”.

Por ello, acogió con satisfacción las investigaciones en curso del Defensor del Pueblo, pues está "dando visibilidad a un problema humanitario desatendido y a una situación que necesita ser resuelta".