Durante una rueda de prensa, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, presentó el manifiesto suscrito por 30 organizaciones, buena parte de ellas catalanas, entre las que se encuentran Pimec, la Plataforma Pymes o la federación del movimiento asociativo de discapacidad intelectual de Cataluña Dincat.

El manifiesto aboga por “asegurar los circuitos de pago” entre las administraciones públicas y contratistas con las empresas que desarrollen los proyectos, dado que, con la paralización de la actividad, se han agravado los problemas sobre el cobro de facturas. En el documento se indica que en algunos casos, el retraso en los pagos supera los seis meses y eso provoca que las empresas subcontratadas recurran a los avales públicos del Estado.

La ley establece que los pagos deben realizarse en un máximo de 30 días en el sector público y “en las circunstancias actuales, los pagos deben agilizarse al máximo”, según el manifiesto, que también recoge que las administraciones “deben obligar” a los contratistas a pagar a sus proveedores dentro del plazo legal de entre 30 y 60 días entre empresas privadas.

Cañete consideró que es “inexplicable” que el sector público no esté pagando los contratos y eso aboque a las compañías a pedir avales públicos.

Del mismo modo, en el manifiesto se pide mantener la cadena de contratación pública, que durante la crisis del Covid-19 está paralizada. Así, se pide prorrogar los contratos, facilitar la indemnización por paralización de obras y licitar de forma rápida y ágil.

Al respecto, Cañete señaló que, con la parálisis de la licitación, “el gran problema a lo mejor no lo vamos a ver hoy pero en el medio plazo vamos a tener uno de nuestros principales motores sin actividad”. “Como esto no se active, vamos a tener una mayor profundidad en nuestra crisis”, según advirtió el responsable de la Plataforma contra la Morosidad.

Otra de las peticiones de las 30 organizaciones firmantes hace referencia a la división de los contratos en lotes por especialidad sectorial, territorio o por volumen de contrato, lo que permitiría que más empresas accedan a ellos y posibilitaría cubrir la demanda pública con el trabajo de pymes.

Por otra parte, Cañete fue preguntado por la posibilidad de que se apruebe antes de que termine el año un régimen sancionador para la morosidad que sufren las empresas después de ser comprometido por el PSOE en el marco de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica.

Respondió que “existen mecanismos” para aprobarlo con rapidez, entre los que citó la figura del real decreto, y recordó que también hay una proposición de ley de régimen sancionador que “podría tener trámite de urgencia y eso podría hacer que antes de final de año pudiéramos tener este régimen sancionador”. A su juicio, “no existe una explicación” para que no esté en marcha.