En la exposición de motivos, ERC argumenta que la cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó un récord el año pasado al crecer a casi 80 millones de personas, de las cuales 45,7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países; 4,2 millones esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras que 29,6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país.

Por lo general, explica, esas personas han huido de sus hogares para salvar sus vidas y buscar seguridad. Entre las situaciones más dramáticas de los últimos años, figura la de Venezuela, que a principio de la última década contaba con tan sólo 6.700 refugiados. Desde entonces, más de cinco millones de personas han abandonado el país, de los cuales 4,5 millones se trasladaron a 17 Estados de América Latina.

Sigue Colombia, donde se estima que al menos 79 millones de personas fueron desplazadas dentro de su país entre 2010 y 2019 debido a los conflictos y la violencia. A estos dos países corresponden el mayor número de solicitudes de asilo en España entre 2019 y 2020.

Sin embargo, denuncia ERC, la Unión Europea y sus Estados miembros “han enfocado toda su energía en construir una fortaleza cada vez más impenetrable para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo a través de sus fronteras, desplegando fuerzas y cuerpos de seguridad y estableciendo complicados sistemas de detección de personas migrantes y posibles refugiadas; así como dejando la responsabilidad del control de la migración a terceros países mediante acuerdos de cooperación con el fin de bloquear la migración irregular hacia Europa”.

La formación denuncia el agravamiento de las condiciones en las que viven muchas de esas personas, por ejemplo, en campamentos en Grecia, debido a la pandemia de Covid-19.

Según Acnur, explica, España es uno de los Estados más receptores de peticiones de asilo, con más de 118.000 solicitudes registradas en 2019, y en la UE es el tercero con más peticiones. Sin embargo, “no ha habido capacidad para la planificación de las medidas de choque necesarias, tal y como señala el Defensor del Pueblo”.

Con todo ello, ERC quiere que el Congreso emplace al Gobierno a apoyar la petición de responsabilidad compartida y justa y el desarrollo de un mecanismo solidario que supere el principio de primera entrada -que establece que el primer país de llegada de los solicitantes de asilo es el responsable de su asistencia y protección- y priorice la reunificación familiar y los vínculos estrechos de los solicitantes de asilo con determinados Estados miembros.

VÍAS LEGALES Y SEGURAS

Además, quiere que España rechace medidas que supongan la generalización de los procedimientos acelerados en frontera y la detención de los solicitantes de asilo que llegan a Europa, y que apueste por un modelo europeo de política migratoria que priorice las vías legales y seguras y la rendición de cuentas a través de mecanismos de supervisión de las violaciones de derechos humanos en frontera.

Pide, asimismo, promover activamente la creación de un mecanismo de desembarco predecible para las personas que son rescatadas en el Mediterráneo Central, de manera que se garantice que aquellas personas rescatadas son desembarcadas inmediatamente en el puerto seguro europeo más cercano y que las personas refugiadas son reubicadas en otros países.

También la adopción de políticas de salvamento para salvar vidas que se encuentran en peligro en el mar, y facilitar a las organizaciones de rescate y a embarcaciones privadas participar en labores de salvamento y rescate, en cumplimiento con el derecho del mar, incluyendo suprimir las restricciones de salvamento y rescate a las embarcaciones con bandera española.

En ese sentido, ERC reclama reconocer públicamente el rol y la contribución de las personas defensoras de derechos humanos, así como la legitimidad de sus actividades, incluyendo las labores de salvamento y rescate, en cumplimiento con el derecho del mar, y que se incrementen los esfuerzos de reubicación en España, en colaboración con las comunidades autónomas, de menores no acompañados que están en las islas griegas.

Propone, asimismo, revisar la legislación para asegurar que los procedimientos de asilo son ágiles y justos, y garantizar una acogida adecuada de quienes emprenden esa solicitud mientras se resuelve su situación. Respecto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, pide que se garanticen los derechos de libre circulación por el territorio español una vez que la solicitud de asilo ha sido admitida a trámite.