Así lo pone de relieve el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización sobre la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018 en el que señala que su situación financiera se debe a “la actual configuración” de las prestaciones contributivas y el impacto de la evolución demográfica y socio-económica, lo que ocasiona que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos de las prestaciones.

El informe refleja que la Seguridad Social ha ido registrando resultados económico-patrimoniales negativos desde 2010, con déficits que han provocado que el patrimonio neto sea negativo en 2016 (-176 millones), 2017 (-18.539) y 2018 (-37.933) y se debe a los “desfases significativos” entre los gastos y los ingresos en la parte contributiva por el mayor crecimiento del gasto medio anual por pensionista (18,73% en el periodo) que el del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%).

El Tribunal de Cuentas señala que el Pacto de Toledo acordó constituir cada cinco años una ponencia que estudiase el presente y futuro de la Seguridad Social y que pese a la “importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural” no se ha aprobado ningún informe de recomendaciones desde 2011.

Además, considera que algunas medidas como los préstamos del Estado aprobados en los últimos años son transitorias y “si bien han permitido actuar al sistema en momentos de crisis, no resuelven el problema”.

Entre las propuestas, el Tribunal de Cuentas plantea al Congreso de los Diputados que “de manera urgente” estudie el sistema de Seguridad Social para proponer medidas que garanticen su sostenibilidad financiera, lo que podría abordarse en el Pacto de Toledo.

Al Gobierno propone que efectúe la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación y que el Estado asuma la amortización de los préstamos concedidos a la Seguridad Social para cancelar obligaciones de pago pendientes del extinto Instituto Nacional de Salud.

También recomienda al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para que el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como una reserva patrimonial.