Así respondió Montero al ser preguntada en Rota (Cádiz) por las críticas de alcaldes y partidos a esa medida, críticas que tachó de “exacerbadas”.

“A nosotros nos cuesta 5.400 millones”, afirmó la portavoz gubernamental, quien volvió a recordar que se trata de una medida voluntaria para aquellos consistorios que cuentan con remanentes, para que puedan utilizarlos.

En esta línea, sostuvo que se trata de una iniciativa favorable para los consistorios, que pueden eludir así los límites fijados en la Constitución a incurrir en déficit y en la Ley de Estabilidad.

Asimismo, recordó que el real decreto ley incorpora otras medidas como la suspensión de la regla de gasto en 2020 o la creación de un fondo de hasta 400 millones de euros para compensar las pérdidas en el transporte metropolitano.

Por todo ello, sostuvo que “sería una pena para los ayuntamientos” que dicho decreto no fuera convalidado por el Congreso de los Diputados, por lo que añadió que los partidos que no lo apoyen deberán dar explicaciones.