Las pesquisas se abrieron tras una denuncia presentada por la organización Concordia Real Española que acusaba a los tres líderes políticos de injurias y calumnias tras haber dicho que la Casa Real era una "organización criminal" y llamar “ladrones" a sus integrantes.

La asociación monárquica llevó hasta los fiscales declaraciones de los tres políticos, realizadas a raíz del caso de presunta corrupción que tiene al rey Juan Carlos I investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por fiscales suizos por el presunto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales.

En su archivo, los fiscales señalan que las declaraciones de los tres políticos pueden ser reprochables, pero no son delictivas y están amparadas por la libertad de expresión.