“Si bien las residencias sí están dentro del sistema de salud en comunidades como Cataluña, Extremadura o Navarra en la realización de PCR, o Andalucía que está en fase de aprobación, en otras como Asturias o Madrid los trabajadores no tienen derecho a las pruebas”, afeó la patronal de residencias.

A juicio de los empresarios, el Gobierno es responsable de la seguridad de los trabajadores de estos centros y de los mayores que residen en ellos. “Si se toman medidas de manera inmediata se evitará que se reproduzcan los meses más duros de la pandemia”, explicó la presidenta de la organización emrpesarial, Cinta Pascual.

“Es necesario ofrecer a los profesionales garantías y criterios únicos, no podemos trabajar con miedo, y menos tras la experiencia sufrida”, añadió. Y es que “estamos mejor preparados, pero no podemos bajar la guardia ante una realidad que ya hemos vivido, sobre todo, si llega a producirse de nuevo el colapso en el sistema sanitario. Hay que actuar ahora”.

Según Ceaps, las debilidades frente al coronavirus afectan “tanto a centros públicos como privados o concertados”, y recordó que el 70% de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia.

Por tanto, reclamó al Gobierno la realización de PCR en todas las residencias sea cual sea su región porque “cuando se habla de realizar pruebas a los profesionales, no sólo se trata de un asunto se seguridad laboral, sino también para proteger a todas las personas que viven en los centros ya que evitar que el virus entre es la garantía de salud”.