Así se recoge en el estudio sobre la integración de la población migrante realizado por Cáritas Española y la Universidad Pontificia Comillas, presentado este martes de forma virtual bajo el título 'Un arraigo sobre el alambre'.

En rueda de prensa, el profesor del Instituto de Migraciones de la Universidad de Comillas, Juan Iglesias, destacó que este estudio revela "una imagen de las personas migrantes que viven en España alejada de los estereotipos que habitualmente manejamos".

Como ejemplo, afirmó que "tienen un nivel formativo más similar al de la población española" y que la gran mayoría viven "en familias nucleares y no compartiendo pisos con un gran número de desconocidos".

Así, expuso que el 23% posee estudios universitarios -20% en el caso de la población latinoamericana-, frente al 29% de la población española. Además, la gran mayoría apuesta por la naturalización, prosiguió, y no por "otras figuras de las que tanto hablan los medios".

También indicó que uno de cada tres migrantes "tienen nacionalidad española", así que cuando "hablemos de inmigración, hay que pensar que estamos hablando también de españoles", recalcó.

"Pese a lo que algunos medios reflejan, sólo el 4,3% de estas personas reciben prestaciones sociales, cuando representan el 12% de la población total. En su opinión, esto se debe a que el sistema de protección español "depende mucho de lo que se ha cotizado previamente" y también a su menor edad (36 años de media frente a los 44% de los nacidos en España).

EXCLUSIÓN ECONÓMICA

Según el informe, la población nmigrante presenta un alto índice de arraigo en España y una baja integración socioeconómica".

Apenas el 27% tiene un contrato de trabajo indefinido, "vía nuclear de inserción socioeconómica", apuntó, y su salario medio es de 929 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en 2020 y también del sueldo medio de un nacido en España.

Por ello, presentan un riesgo de exclusión más del doble que el conjunto de la población, con el 50% de hogares en situación de pobreza. Además, el 11% de los inmigrantes trabajan de manera informal y sólo el 60% tiene un empleo todo el año.

El informe destaca cómo la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes se ocupan en empleos de baja cualificación y de bajo nivel de renta, algo que "no se explica por su nivel formativo".

El 75% desempeñan ocupaciones obreras elementales: un 17% trabajos de cuidados, un 42% otras ocupaciones básicas como peón de la construcción, camarero, ayudante de cocina, peón agrícola, etc., y un 16% ocupaciones obreras cualificadas. Sólo el 25% de los trabajadores inmigrantes se ocupan en empleos de servicios de cualificaciones medias y altas.

Con todo, "lo más preocupante" para Iglesias es que "no existe movilidad social". Los inmigrantes llegaron a estos empleos y, 15 años después, no se han movido".

ALTO ARRAIGO

Según Daniel Rodríguez de Blas, técnico de estudios de Cáritas, esta baja integración económica contrasta con el fuerte arraigo social de la población migrante. Así, señaló que el 74% de los inmigrantes llevan más de 10 años en el país y que el 42% superan los 15.

"Todos los datos demuestran que las entradas de migrantes coinciden además con el ciclo económico", resaltó, lo que prueba que "estamos ante un hecho estructural". Entre 2008 y 2013, "la población migrante se mantuvo estable" y, a partir de 2020, se produjo un segundo crecimiento, hasta los 7,74 millones de la actualidad.

Esto revela que "el crecimiento económico de España se hizo gracias a la mano de obra barata y flexible de los migrantes", agregó, y que "la mayoría no se marchó, ni siquiera en lo peor de la crisis". "Las teorías sobre el retorno cuajaron entre ciertos medios y en la clase política, pero la idea no triunfó entre la población migrante".

El informe también destaca que la irregularidad apenas supone el 7% de la población migrante, y que el 33% ya tiene nacionalidad española -36% en el caso de las mujeres y 30% en el de los hombres-. Esta tasa asciende al 54% en el caso de los inmigrantes de origen latinoamericano.

Otro dato que refleja "el arraigo" tiene que ver con el dominio del castellano, incluyendo aquellos orígenes donde dicho idioma no es la lengua madre. De hecho, un 88% de la población extranjera habla bien (13%) o muy bien (75%) el idioma y apenas un 4% manifiesta un nivel bajo o muy bajo.

Según el informe, el 62% de los migrantes manifiesta su intención de quedarse en el país y un 69% no envía remesas a sus países de origen.

Además, el 23% de los matrimonios son mixtos; el 94% de los migrantes tienden a sentirse y percibirse integrados en España, mientras un 66% se autopercibe como miembros de la sociedad española.

ADVERTENCIAS

El estudio señala también que la percepción general de la inmigración "sigue siendo buena" y destaca que no hay conflictividad étnica, aunque advierte del riesgo de aparición de "actitudes racistas".

A juicio de Rodríguez, "hasta ahora ha existido un consenso democrático que nos protegía, pero se está poniendo en duda". Además, indicó que "estas personas se han integrado en la parte más baja del mercado laboral y en los barrios populares de nuestras ciudades", "donde conviven con sus vecinos y comparten sus mismos problemas".

Todos los estudios advierten de que existe "un creciente malestar social en estos barrios" y alertó del peligro de que "ciertos discursos utilicen la inmigración como justificación, en lugar de referirse a las políticas llevadas a cabo durante los últimos años" como causa del deterioro.

Por todo ello, el informe defiende "políticas sociales de integración sin apellidos", dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y a garantizar su igualdad en la educación, el sistema sanitario, la vivienda y los servicios de protección social.

También hacen falta programas de apoyo a la diversidad", apuntó Rodríguez, pero lo más importante es cambiar el enfoque para que "cuando se aborde la inmigración, se piense desde políticas universales y no sectoriales".

Por su parte, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, reclamó "un debate sereno" para modificar la legislación de extranjería "y evitar que miles de personas vivan en peligro constante de caer en la irregularidad sobrevenida".

Aplaudió las medidas adoptadas por el ejecutivo en esta línea durante la pandemia, pero las tildó de "insuficientes". Además, reclamó "un mejor sistema de protección para la población refugiada", que son los que peores índices de arraigo y bienestar presentan dentro de la población migrante.