La letrada había sido citada para declarar por videoconferencia desde Barcelona el pasado martes, pero problemas con los tiempos previstos para la conexión desde los juzgados barceloneses motivaron la suspensión del interrogatorio.

La que fuera responsable del área de Cumplimiento Normativo de Podemos declarará en relación a una causa que investiga supuestas irregularidades en la financiación de Podemos. El juez ya ha tomado declaración al excoordinador jurídico de la formación que dirige Pablo Iglesias, José Manuel Calvente, que reiteró sus acusaciones. Calvente fue despedido en diciembre después de ser denunciado por acoso, una acusación que acabó archivada.

También Carmona fue despedida en esa misma fecha tras haber denunciado internamente presuntas irregularidades contables. Lo esperable es que la abogada ratifique esas denuncias en sede judicial. Se refieren al supuesto descontrol de la Caja de Solidaridad de Podemos y a los contratos para la reforma de su sede que, según su versión, se adjudicaron a dedo.

Carmona expuso en una carta enviada a la dirección del partido lo que para ella suponía su salida y la de su compañero. "Como responsable de Cumplimiento Normativo mi obligación es advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido y que podrían conllevar infracciones penales o administrativas. Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias".

La exabogada de Podemos respaldará la declaración de Calvente y aportará datos y documentación sobre nuevos asuntos, tales como la supuesta contratación de escoltas para varios dirigentes de la formación. Entre ellos, el ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su pareja, la ministra Irene Montero, que no trabajaban para ninguna empresa de seguridad, que es una condición establecida en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Supuestamente, miembros de la dirección de Podemos habrían estado cobrando sobresueldos, lo que desencadenó malestar entre los trabajadores de la formación, que se habrían quejado a Carmona como responsable de Cumplimiento Normativo. Calvente explicó al juez que las quejas desembocaron en despidos en varios casos.

La Fiscalía considera que estas acusaciones no están acreditadas y que el cobro de cantidades que excedieran el límite ético establecido por el partido no comportaría reproche penal alguno.