En declaraciones al programa 'Al rojo vivo' de 'La Sexta' recogidas por Servimedia, Campo dijo que le había producido “cierta sorpresa” la reacción que ha suscitado que se refiriera a esta cuestión de los indultos por el 'procés' al responder a una pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs.

El titular de Justicia explicó en 'Al rojo vivo' que se tardarán “muchos meses” en tramitar las peticiones del derecho de gracia para los dirigentes independentistas catalanes, ya que la semana que viene se inicia un proceso “incierto en cuanto a fechas y demás”.

Indicó que la concesión de indultos es un trámite “personalizado”, que “tiene una media de no menos de 6 meses”, pero que en el caso del 'procés' puede ser de “8 o 10 meses”, porque “hay muchos trámites que cumplir”, como pedir informes al Tribunal Supremo, que dictó la sentencia, y a la Fiscalía. Apuntó que al final de este trámite se eleva un informe al Consejo de Ministros, que es el que finalmente decide si concede o no el derecho de gracia.

“OBLIGACIÓN LEGAL”

Sobre el hecho de que el líder del PP, Pablo Casado, dijera este miércoles que tramitar los indultos por el 'procés' es el pago del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2021, el ministro indicó que él “tiene la obligación legal” de analizar las solicitudes y “ya veremos” lo que dicen el Supremo y la Fiscalía. Añadió que los informes que entreguen estas dos instituciones no son vinculantes, aunque “evidentemente tienen que ser atendidos”.

Asimismo, sostuvo que es “un poco prematuro” pronunciarse de la forma en que lo ha hecho Casado, por lo que pidió “sosiego”. Apuntó que el Gobierno va a actuar en este asunto “con rigor” y “transparencia” y la decisión que se tome en La Moncloa será “pública”.

Sobre el hecho de que Casado rechace negociar las reformas de los delitos de sedición y rebelión, el titular de Justicia opinó que es “lamentable” el “negarse a priori a cualquier diálogo”, puesto que “negar el diálogo es negar la democracia”.

El ministro se refirió que en otros países europeos del entorno de España existe otra regulación de los delitos de sedición y rebelión, al tiempo que indicó que la fundación Faes, que preside el expresidente José María Aznar, también llegó a plantear la necesidad de revisar estos tipos penales.