El informe ‘Between life and death: Refugees and migrants trapped in Libya’s cycle of abuse’ se hace público un día después de que la Comisión Europea anunciara el nuevo Pacto sobre Migración que establece entre sus elementos centrales una colaboración más estrecha con países fuera de la Unión Europea (UE) para controlar los flujos migratorios.

En lo que se refiere a Libia, son varios los países comunitarios -con Italia a la cabeza- los que, desde 2016, han colaborado con las autoridades libias para interceptar en el mar a quienes intenten huir del país y llevarlos de regreso a su país de origen.

Como apunta el informe, se estima que unas 60.000 personas fueron capturadas en el mar y desembarcadas en el país por la Guardia Costera Libia, con el apoyo de la UE. De estos casos, 8.435 corresponden al periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2020.

Estas personas, interceptadas y llevadas nuevamente a su país, desembarcan en Libia y, una vez en tierra firme, las acecha no sólo el riesgo constante de ser interceptadas y enviadas a centros de detención, sino también la posibilidad de ser secuestradas por milicias, grupos armados y traficantes. Algunas sufren torturas o violaciones sexuales hasta que sus familiares, previo pago de un rescate, consiguen que las liberen. Otras mueren bajo custodia como consecuencia de actos de violencia, tortura, hambre o desatención médica.

Ante la gravedad de las condiciones y los abusos, el informe señala que los programas de reasentamiento y evacuación que se han establecido resultan insuficientes para que las personas que lo necesitan puedan salir de Libia de manera legal y segura.

En este sentido, las cifras reflejan que, en tres años, solamente 5.709 personas refugiadas vulnerables se han podido beneficiar de estos programas. Una situación que se ha visto exacerbada en 2020 con la pandemia, ya que apenas se evacuó a 297 personas antes de que se cerraran las fronteras en el mes de marzo.

Una persona refugiada señaló en agosto a Amnistía Internacional que “hay personas refugiadas dispuestas a cruzar el mar". También destacó que no hay "evacuaciones ni reasentamientos", considerando que "los refugiados en Libia corren peligro". A su juicio, están "entre la vida y la muerte”.

Además de lo anterior, las personas refugiadas y migrantes también están expuestas a situaciones de racismo y xenofobia generalizadas. Con frecuencia, reciben comentarios racistas y ahora, con la pandemia por Covid-19, se ha agudizado la situación porque muchos culpan públicamente a las personas refugiadas y migrantes por la propagación del virus y reclaman que se las expulse.

Las investigaciones de Amnistía Internacional han revelado que en 2020 las autoridades de facto en el este de Libia expulsaron a más de 5.000 refugiados y migrantes sin el debido proceso ni la posibilidad de impugnar su deportación. El señalamiento de que las personas detenidas eran “portadoras de enfermedades peligrosas” era uno de los motivos aducidos para las deportaciones.