Así se pronunció la central sindical después de que el Gobierno de Díaz Ayuso haya decidido ampliar las restricciones a ocho nuevas zonas básicas de salud distribuidas por toda la región mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomienda que estas se extiendan a toda la ciudad de Madrid.

CSIF rechazó que, menos de una semana después desde la creación del grupo de coordinación entre ambos ejecutivos, las versiones sobre cómo se debe atajar la expansión del virus en Madrid sean “tan dispares” y aseguró que el “desacuerdo” manifestado este viernes entre ambas administraciones es el "ejemplo del fracaso institucional en la gestión de la pandemia en España”.

“Los ciudadanos de este país merecen unos políticos que les digan la verdad y estén a la altura de las circunstancias tan graves que atraviesa este país y en particular la Comunidad de Madrid”, advirtió la organización, para lamentar que la “colaboración y entendimiento escenificados a principios de semana con la reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad ha saltado por los aires”. Un escenario ante el que, a su juicio, la ciudadanía tanto de Madrid, como del resto del país, “asiste con incertidumbre y perplejidad”.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En este punto, CSIF anunció que exigirá “responsabilidades políticas a todos los niveles” al entender que “están en juego la salud y la integridad de millones de ciudadanos”. “En plena segunda oleada, hace falta reforzar de manera inmediata y desde la coordinación los recursos de la sanidad pública”, espetó.

A este respecto, la central sindical pidió al ejecutivo de Díaz Ayuso “altura de miras y soluciones” que respondan a las “carencias históricas” que afronta la sanidad en esta región, entre las que mencionó la falta de efectivos en atención primaria o la escasez de rastreadores, que, según su criterio, “han provocado una cifra de contagios inadmisible”.

Junto a ello, solicitó la aplicación en la administración autonómica de medidas de prevención como puede ser el teletrabajo para los empleados públicos que, por las características de su puesto, lo puedan poner en práctica y lamentó que consejerías como la de Hacienda o servicios como el IVIMA no están facilitando esta forma de trabajo a sus empleados.