En un comunicado, Anceco señaló que el Gobierno “pretende que buena parte del sector del comercio quede fuera” de la nueva prórroga de los ERTE.

En este sentido, señaló que, a la espera de que el Ejecutivo remita una nueva propuesta, “desde Anceco se considera que el Gobierno aplica medidas discriminatorias y deja de lado a un millón de familias al no prorrogar los ERTE”.

Según señaló, de lo dispuesto en la mesa de negociación se extrae que los expedientes se ampliarán hasta el 31 de enero y las exenciones de cuota a la Seguridad Social de los trabajadores suspendidos alcanzarían hasta el 75% y el 80%, dependiendo de la plantilla. Por eso resaltó que no todas las empresas podrán beneficiarse de este ahorro de costes porque tendrán que demostrar estar vinculadas al sector turístico, ubicadas en zonas turísticas y cuya facturación haya caído por encima de un 50% por la crisis.

El presidente de la organización, Jordi Costa, consideró “injusta” la medida al señalar que “miles de empresas del sector comercio que no estén ubicadas en zonas turísticas van a quedar desprotegidas, viéndose obligadas a echar el cierre” y advirtió de que “producirá inseguridad jurídica y arbitrariedad, puesto que la demostración de esos requisitos estará sujeta al Ministerio de Trabajo y Economía Social”.

Incidió en que este plan producirá “tensiones” y un aumento de los concursos de acreedores hasta los 150.000 durante 2021 y 2022, “tres veces más que los que se han producido en los últimos 17 años”.

La negociación para extender los ERTE continúa con la vista puesta en que el próximo miércoles, 30 de septiembre, finaliza la actual prórroga.