El acuerdo se suscribió el pasado lunes con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y se aprobará después de haberle dado luz verde a la regulación del teletrabajo en el sector privado.

Dicha regulación se introducirá con un nuevo artículo en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el que se recogerá que el teletrabajo no es la modalidad ordinaria y habrá de ser expresamente autorizada, a través de criterios objetivos para el acceso, y compatible con la modalidad presencial, que seguirá siendo la forma de trabajo ordinaria.

Se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la administración. Deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

No podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda a cada caso y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y el coste de los equipos correrá a cargo de la administración pública.

El desempeño concreto de la actividad por teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito.

Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital, así como la atención presencial a la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos del personal, y se presta una especial atención a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.

Las administraciones públicas que lo requieran dispondrán de un periodo de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.