El nuevo intento de modificar la llamada por sus críticos 'ley mordaza' llegó este martes al Pleno de la Cámara Baja con una proposición de ley del PNV que recibió el respaldo de la mayoría de los grupos de la Cámara, excepto PP y Vox.

La iniciativa defendida por el diputado peneuvista Mikel Legarda contó con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos y el resto de formaciones nacionalistas, con lo que será tramitada en la presente legislatura.

No obstante, los representantes de ERC, EH Bildu y la CUP reprocharon al actual Gobierno que usase ampliamente la Ley de Seguridad Ciudadana durante el estado de alarma por la pandemia del Covid-19, de modo que al amparo de la misma se puso más de un millón de multas y se realizaron miles de detenciones.

“CON MÁS APOYOS”

En su intervención, Legarda recordó que en la legislatura de 2016 ya se tramitó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana a partir de una proposición de su partido y otra del PSOE. Señaló que estos trabajos lograron “sustanciales avances” gracias a una negociación en la que participaron los principales partidos, entre ellos el PP, y que permitió consensuar hasta el artículo 36 de la futura norma.

El parlamentario vasco indicó que el objetivo de volver a intentar reformar la Ley de Seguridada Ciudadana es que salga una normativa “con más apoyos parlamentarios y sociales” que la de 2015, que sostuvo fue una “respuesta autoritaria y de control” a las protestas ciudadanas por la crisis económica iniciada en 2008.

Así, destacó que, su juicio de su partido, hacen falta cambios en aspectos como en la respuesta policial a las manifestaciones, las sanciones por difundir fotos de agentes o las actuaciones contra los sindicalistas que participan en piquetes huelguistas.

Por su parte, en nombre del PSOE, su diputado David Serrada sostuvo que la ley de 2015 requiere de “cambios profundos” y criticó que el PP hiciera este martes “seguidismo de Vox”, ya que en la legislatura de 2016 estuvo negociando con otros partidos la modificación de la norma que impulsó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Precisamente tanto Serrada como otros portavoces hicieron referencia al hecho de que la llamada 'ley mordaza' fuera impulsada por un exministro que en estos momentos está imputado en la Audiencia Nacional por presuntamente haber encargado que se usasen fondos reservados y agentes para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

“NO ES EL MOMENTO”

Por su parte, el diputado del PP Jaime Miguel Mateu acusó al PSOE y a otras fuerzas políticas de haber hecho mucha “demagogia” con la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando la realidad es que desde que se aprobó hace cinco años se ha convertido en una “herramienta clave” contra la inseguridad ciudadana y ha sido usada por tres gobiernos distintos. Resaltó al respecto que la norma fue empleada con profusión por el Ejecutivo durante el estado de alarma por el coronavirus, por lo que “no es el momento adecuado” para su sustitución.

Asimismo, Rafael Fernández-Lomana, de Vox, sostuvo que la norma de 2015 “no limita ni restringe derechos fundamentales” y estimó improcedente modificarla cuando se ha usado con intensidad durante el estado de alarma y puede volver a ser necesitada en breve si empeora la situación por los rebrotes del Covid-19. Además, este parlamentario consideró el “colmo de la desfachatez” que el PNV quiera “dar lecciones de seguridad ciudadana” con lo sucedido durante décadas con ETA en el País Vasco.

Por parte de Ciudadanos, su diputado Miguel Gutiérrez pidió dialogar “con cordura” para mejorar el texto legal de 2015, ya que en la legislatura de 2016 se estuvo “muy cerca” de lograr una nueva norma consensuada por la mayoría.

Por último, la diputada de ERC María Carvalho, de la CUP Mireia Vahí y de EH Bildu Jon Iñarritu coincidieron en que modificar la llamada 'ley mordaza' es una promesa incumplida del Gobierno de Pedro Sánchez y que su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la aplicó más durante los tres meses del estado de alarma por el coronavirus que en los cinco años que lleva en vigor.