La fundación considera que esta medida supone “un ataque contra un sector generador de riqueza” y “pone en jaque el sistema sanitario global” por el probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de las consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada.

Asimismo, advierte que esta medida de fiscalización iría en contra de los criterios establecidos por la Unión Europea y contradice el último informe de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que alerta de los perjuicios de eliminar dicha exención al IVA.

Relata que este informe detalla que se generarían costes superiores al tener que financiar el sistema nacional de salud con una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada, con lo que el resultado sería negativo para las arcas públicas.

Además, denuncia la fundación que este tipo de medidas “ataca indiscriminadamente a un sector que emplea en España a 269.515 profesionales” y “que está desempeñando un papel imprescindible durante la crisis de Covid-19 gracias a sus recursos”.

Entre otras cosas, señala que el impuesto implicaría un gran impacto en el sector hospitalario privado y podría verse comprometida su viabilidad con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto.

Concluye su comunicado afirmando que la colaboración entre sector público y privado en sanidad es indispensable para la supervivencia de ambos sectores, así como para la sostenibilidad y la solvencia del sistema de salud en general.