Así lo manifestó el presidente de la PTS, Luciano Poyato, coincidiendo con el aniversario de la norma, que se aprobó el 9 de octubre del año 2015. El objetivo de la misma es velar por la estabilidad del sector y ofrecer mejores garantías jurídicas a las entidades sociales.

Poyato explicó que la ley establece 11 desarrollos normativos, pero, hasta el momento, sólo se ha aprobado uno, que es el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil. En este sentido, aseguró que es “prioritario” impulsar el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector con el que se podrán seguir avanzando en fortalecimiento, articulación e impulso de propuestas a favor de las personas y las políticas contra la desigualdad y a favor de la inclusión y más en un momento “socialmente crítico” como el que se está viviendo debido a la Covid-19.

“En estos cinco años también se tendría que haber reconocido a las ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y se debería haber realizado un Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cuál es su capacidad de incidencia y su localización”, subrayó Poyato.

De la misma manera, defendió que la ley es una antigua demanda de las organizaciones sociales que, con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en una ley pionera, con valor político e institucional, pero lamentó que “sin un desarrollo normativo no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas”.

A pesar de esto, Poyato confió en que los representantes políticos desarrollen esta ley, que además está sirviendo de inspiración para que las comunidades autónomas puedan impulsar las suyas a nivel territorial. Hasta la fecha, existen leyes del Tercer Sector en País Vasco, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha.