Montero, que recordó que el anteproyecto servirá también para trasponer una directiva europea, destacó que “la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad” para el Ejecutivo porque “no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades”, generando “competencia desleal” y “un deterioro” para las arcas públicas que, añadió, es más grave en estos momentos de pandemia.

Así, la ministra indicó que el proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.

Entre otras cuestiones, Montero explicó que el proyecto de ley contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad; un mayor control sobre las criptomonedas; actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios; prohíbe las amnistías fiscales; y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluida en ella del millón de euros de deuda a 600.000 euros e incluyendo en ella también a los responsables solidarios.

Según apuntó la ministra de Hacienda, la previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.