“La reducción de las tasas de cofinanciación supondría un enorme obstáculo para las organizaciones de la sociedad civil que participan en proyectos de inclusión social, ya que con frecuencia son las gestoras de los recursos de los fondos estructurales, siguiendo los acuerdos de colaboración previstos en el Reglamento de Disposiciones Comunes”, que regula el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, entre otros.

Así trasladó González a la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo la petición de organizaciones de la sociedad civil -Fundación ONCE, el Foro Europeo de la Discapacidad, Cruz Roja, el Centro Europeo de Fundaciones y la plataforma de Economía Social de Europa- que se “oponen a la drástica reducción de las tasas de cofinanciación propuesta por el Consejo Europeo del 21 de julio y piden a los Estados miembros la posibilidad de aumentar las tasas de cofinanciación en diez puntos porcentuales, de acuerdo con los objetivos establecidos en los apartados 7 y 11 del artículo 4 del futuro Reglamento”.

Consideran, además, que el aumento de las tasas de cofinanciación para esos objetivos no repercutiría en los gastos del presupuesto del Fondo Social Europeo.

La eurodiputada socialista destacó la importancia de estas organizaciones para el uso efectivo del futuro fondo y la gestión, al proporcionar apoyo a aquellos grupos que “podrían quedar aún más excluidos de la actual crisis social, económica y sanitaria, como las personas con discapacidad, la población gitana y los migrantes, entre otros”.