Según detalló durante el 'XI Encuentro del Sector Financiero' organizado por Expansión en colaboración con KPMG, American Express y Microsoft, el aumento fiscal anunciado reducirá el acceso a unos servicios que utilizan “nada menos que 8,5 millones de españoles”, pronosticando que rebajarán su uso con el consecuente “incremento de la presión” sobre la sanidad pública.

A su juicio lo que debería hacerse es justo lo contrario: maximizar la colaboración público-privada en el ámbito de la salud, pero también en otros campos como las pensiones, para dar mejor servicio y más eficiente a los ciudadanos españoles.

Al respecto discrepó de los discursos que defienden que las respuestas a las enseñanzas de la Covid tienen que ser simplemente reforzar lo público: “No están ofreciendo otra cosa que apoyar lo que ha fallado. Y ha fallado no porque sea ineficiente o esté mal gestionado. No, ni mucho menos. Ha fallado porque no llega. No es suficiente”.

En este punto alertó además de que ir por esa vía puede tener un coste fiscal más perjudicial que el beneficio buscado. “No puede ser suficiente -la cobertura pública total- Y no puede serlo porque lo público se financia con impuestos y la presión fiscal tiene un límite a partir del cual empieza a ser tóxica para la creación de valor, a partir de ese punto no genera sino más ineficiencia”, remarcó.

En materia específica de salud, González de Frutos consideró una “irracionalidad” crear “infraestructuras donde ya las hay, en lugar de aprovechar las ya existentes” para mejorar la eficiencia de las prestaciones, respetando siempre “la libertad de elección del individuo”.

Se trata, explicó, de que “se pongan en juego todos los recursos que existen para atender una sanidad integral donde lo importante sea que el ciudadano reciba lo que necesite y no tanto que lo reciba desde un activo público o uno privado”. De otro lado, criticó además el “doble pago” que representa que los funcionarios de la Administración Central del Estado, que están adscritos a mutualidades, paguen su seguro privado y financien, “a través de sus impuestos”, la sanidad pública.

En materia de pensiones abogó igualmente por implantar “un sistema reglado, legislado” de ahorro previsión para la jubilación que fomente la colaboración pública privada en favor del ciudadano porque actualmente el 96% de la factura existente para las pensiones los soporta el sector público.

“No querer introducir esa colaboración en el ámbito de las pensiones equivale a condenarnos a todos a no saber a ciencia cierta cuándo vamos a jubilar”, avisó en alusión a la convicción entre los expertos de que habrá que prolongar la vida laboral y retrasar el retiro para poder cubrir las pensiones de una población cada vez más envejecida de continuar su peso en el ámbito público.

“Si no nos da igual deberíamos empezar a pensar que un sistema de jubilación racional, suficiente y sostenible” pasa, afirmó, por crear un pilar de capitalización “inexistente” que también beneficie a las personas con las rentas bajas y los trabajadores menos cualificados.

FOMENTAR EL AHORRO PARA LA JUBILACIÓN EN LAS EMPRESAS

Para conseguirlo abogó por fomentar el ahorro para las pensiones en el ámbito de la empresa, diseñando los incentivos “teniendo en cuenta que el tejido empresarial español está formado en su mayoría por pymes y que cuenta con un elevado número de trabajadores autónomos y empresarios individuales”, lo que, a su juicio, hace preciso favorecer también la contratación individual de productos por parte de las personas.

En este punto indicó que “la limitación anual de aportaciones al sistema de previsión social que se ha anunciado carece de sentido en situaciones de crisis como la actual”, donde “muchos trabajadores” que han visto reducidos sus ingresos por estar en un ERTE o en un cierre temporal de su negocio han podido echar además mano de sus recursos aportados previamente en productos de pensiones.

Durante su intervención indicó que el sector empieza a sufrir “las mordeduras de la crisis del virus”, especialmente en el seguro de vida y en el seguro de asistencia en viaje, causando un descenso global de las primas de “en torno a un 10 o un 12%”, aunque la rentabilidad de su negocio “parece mantenerse”. Asimismo, reivindicó que podría haber, incluso, “incrementado ligeramente su empleo global” conforme a una encuesta realizada entre entidades para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de septiembre de 2020.

Sin embargo, alertó de que “el seguro puede pasar de hacer las cosas bien a no hacerlas tan bien” y pasar a engrosar la “triste lista de actividades con problemas” si no se atienden sus necesidades. Entre ellas incluyó el citado “compromiso” por la colaboración público privada y que sea “sea un compromiso públicamente admitido, integrado en la legislación y adoptado por pragmatismo de las dos partes que lo integran, que son naturalmente el lado público y el lado privado”.

Además, demandó un “auténtico sistema de apoyo a las coberturas del seguro de crédito”, que permita ayudar a las empresas y una normativa que permita a las aseguradoras atender a las necesidades que plantean los ciudadanos con la digitalización e impiden los requerimientos normativos dispensar.

Con la tecnología indicó que la demanda del ciudadano será muy compleja y estará “muy cerca del concepto de cobertura adaptada al cliente, de provisión inmediata y de contratación fluida”, algo que no se puede ofrecer cuando permanece la exigencia de documentación por escrito en los contratos y que consideró “obsoleto” y que “urge una reflexión profunda sobre en qué consiste proteger al cliente”.