En las conversaciones estarían involucradas las patronales bancarias AEB y CECA y la empresarial CEOE con el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en interlocución además con el Banco de España, Bruselas y hasta, potencialmente, también la autoridad bancaria europea EBA, según detallan a Servimedia fuentes financieras.

El vencimiento temprano de algunas operaciones ya en el 2021 sin que se haya restablecido la normalidad en las actividades económicas por culpa de los brotes de la pandemia es una amenaza a triple banda: la patronal empresarial busca evitar serias dificultades e, incluso, quiebras de compañías con negocios viables por falta de liquidez, que ocasionarían impagos a la banca con un coste para el Erario, al estar las operaciones avaladas por el ICO.

En la línea de avales por valor de 100.000 millones de euros que aprobó el Gobierno con un plazo de amortización de hasta cinco años el ICO se hace cargo, de hecho, de hasta el 80% del riesgo cuando la financiación sea para pymes y autónomos, y del 70% en las grandes compañías. Su garantía es igual en la línea posterior de 40.000 millones puesta en marcha con plazos de amortización de hasta ocho años, pero más dirigida a proyectos de inversión.

Las fuentes financieras consultadas indican que algunas operaciones empezarán a vencer ya en el primer trimestre del próximo año y se barajan fórmulas para alargar vencimientos a operaciones ya concedidas, con la complejidad que eso entraña.

La dificultad es mucho más que burocrática o de cambio de contrato, ya que implicaría una reestructuración de deuda o refinanciación con el consiguiente requerimiento de provisiones que dichas operaciones entrañan.

Cuando se otorgaron las primeras operaciones, en los meses de marzo o abril, “no había visibilidad” y confiaba que la actividad “remontaría” en el verano o tras él, explican las mismas fuentes para justificar los plazos ajustados de algunas concesiones.

Una extensión obliga además a resolverla con la Unión Europea, ya que el acuerdo marco con que el Gobierno lanzó el programa primero del ICO fijaba los cinco años como plazo tope, y se precisa el visto bueno de Bruselas para que un cambio en el programa como puede ser una potencial ampliación no sea considerada ayuda de Estado.

Las fuentes consultadas indican que se baraja la oportunidad de realizar un eventual alargamiento de forma selectiva, para industrias, empresas o sectores con potencial de recuperación cuando las restricciones sanitarias permitan retornar la actividad normal.

Las mismas fuentes enmarcan además estos análisis junto a los contactos con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que recientemente decidió retirar la flexibilidad contable que ha permitido a la banca otorgar moratorias crediticias hasta el pasado 30 de septiembre sin sufrir penalizaciones en provisiones y capital.

La EBA permitió dichas moratorias sin tener que acumular las huchas de dotaciones exigidas regulatoriamente en operaciones así y mantendrá esta facilidad para operaciones otorgadas hasta el pasado día 30, pero decidió no mantenerla para las que pudiesen otorgarse después.

En la práctica dicha medida supone que partir de octubre, los clientes que impaguen su crédito tienen que ser considerados morosos, obligando a la banca a efectuar las correspondientes provisiones.