La investigación arrancó hace once meses en Málaga cuando los agentes tuvieron conocimiento de una red dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal y constataron que se trataba de una organización criminal de carácter internacional, con una estructura asentada en España.

El grupo operaba en distintas provincias y localidades dentro del territorio nacional promoviendo el tráfico ilegal de ciudadanos subsaharianos, no solo en España sino también en Europa ofreciendo acreditar un vínculo familiar entre un reagrupante natural de Ghana, pero ya nacional de la UE o del Espacio Económico Europeo, y uno o varios extranjeros en situación irregular que se hacían pasar por su cónyuge, pareja de hecho o por sus hijos.

Los agentes comprobaron tras varias gestiones que los reagrupantes eran nacionales de diversos países europeos como Alemania, Austria, Reino Unido, Italia, Bélgica y Países Bajos, aunque realizaban los trámites en territorio nacional.

Para realizar los falsos empadronamientos cobraban 300 euros y la cifra se elevaba a 1.600 euros con motivo de la tramitación de certificados de nacimiento, 7.500 euros por solicitudes de arraigo y 9.000 euros por un “pack” de adopción que incluía el trámite de reagrupación ficticio más la falsificación del pasaporte.

La Policía estima en de 100.000 euros los beneficios obtenidos por la banda, teniendo en cuenta los conceptos de las cantidades cobradas por los trámites realizados para llevar a cabo la actividad delictiva.

La investigación policial, que se inició gracias a la colaboración de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Málaga al detectarse un número inusual de trámites administrativos poco comunes en relación a nacionales de Ghana, se ha realizado en dos fases y ha culminado con seis registros domiciliarios en Madrid, Málaga y Zaragoza e incautación de 9.000 euros, material informático y documentos de interés para la investigación.

Con motivo de la primera fase, se arrestaron a 19 personas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en las provincias de Madrid, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza. La segunda fase ha culminado con la detención de 21 personas por beneficiarse del delito de falsedad documental en las provincias de Madrid, Málaga y Zaragoza.