La proposición de ley orgánica de ERC con esa pretensión contó en el debate con la oposición de los principales partidos de la Cámara, de forma que no será tomada en consideración.

En la exposición de motivos de esa proposición, ERC asegura que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como los Estados Unidos de América, en el que su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión.

“El Estado español debe superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del Rey y de su familia”, apunta ERC, que enumera ejemplos de persecución a personas o publicaciones por hacer uso de esa libertad.

Recuerda, en ese sentido, el caso de la portada de ‘El Jueves’ de 2007 con el entonces Príncipe de Asturias; el procesamiento del rapero Valtònyc en 2012 por sus referencias a la Monarquía, o a jóvenes de la CUP y Arran por quemar “supuestamente” fotos del Rey en una manifestación.

Subraya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como textos que amparan esa libertad de expresión, y apuntan, además, la tesis defendida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, recuerdan que ha sentenciado que “el interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado, no puede justificar la concesión a este de un privilegio o una protección especial contra el derecho a informar y a expresar las opiniones sobre él".

Ese Tribunal, asegura ERC, entiende que la quema de imágenes del Rey debe entenderse como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión.

UN DEBATE "SOBRE DEMOCRACIA"

La iniciativa fue defendida por la diputada de ERC Carolina Telechea, para quien el debate no es entre monárquicos y republicanos, sino que es un debate sobre democracia. Su compañera Marta Rosique denunció a quienes respaldaron lo ocurrido con ‘El Jueves’ pero “se llenaron la boca” con el lema de respaldo a la publicación francesa ‘Charlie Hebdo’, atacada por terroristas tras publicar unas viñetas satíricas de Mahoma.

En contra de la iniciativa, el diputado del PP Eloy Suárez criticó que en mitad de una pandemia “todo lo que se le ocurre a ERC” es despenalizar esas injurias “para que se pueda insultar la Rey gratis”. “No son antimonárquicos, son antiespañoles”, dijo a los impulsores de la proposición, acusándoles de querer “dinamitar la paz y la convivencia” inventando un enemigo al que “llaman España”.

En nombre de Bildu, Jon Iñarritu alertó de que unas palabras de Valle Inclán, “al último Rey lo echaron no por Rey sino por ladrón”, podrían estar hoy de actualidad y podrían ser constitutivas de delito en la España actual, por lo que llamó a los partidos mayoritarios a “abandonar el borbonismo militante”.

También el portavoz del PNV, Mikel Legarda, avanzó el voto favorable a la toma en consideración, reclamando un debate parlamentario sobre este asunto, y sobre la premisa de que la libertad de expresión no es absoluta pero se extiende a ideas y expresiones “que pueden ser ofensivas, conmocionantes y perturbadoras”.

En nombre de Unidas Podemos, Jaume Asens se mostró partidario de abrir el debate, preguntándose “cuántos varapalos” de los tribunales europeos son necesarios para que los partidos mayoritarios se animen a “modernizar” el Código Penal.

En contra de la iniciativa, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, aseguró que el nacionalismo defiende esta proposición porque considera “importante injuriar, calumniar y ultrajar”, mientras que el diputado de Vox José María Sánchez arremetió contra el PP por no ser tan contundente con los independentistas como es con su partido. Cuando declararon la independencia de Cataluña, denunció, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no les dijo “hasta aquí hemos llegado”.

En nombre del PSOE, Isaura Leal sentenció que no es momento de abrir ese debate, porque se daría pie a situarlo en un ámbito “demagógico” y de “interpretaciones interesadas”. Los socialistas, dijo, mantienen su firme compromiso en defensa de la libertad de expresión siempre que los actos o las palabras no inciten a la violencia o puedan constituir un delito de odio. Las ofensas que buscan debilitar las instituciones “no son buenas”, aseguró, y deben “ser reprobadas”.