El Gobierno pretende reforzar la dependencia con 636 millones de euros, y que serán complementados con otros 708 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para proyectos relacionados con la dependencia, como avanzar en la teleasistencia o los cuidados de proximidad, según fuentes de la Vicepresidencia Social.

Según la Ley de Dependencia del 2006, el sistema debe ser financiado a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. Según la cartera ministerial de Pablo Iglesias, la participación del Gobierno pasará de ser de un 19% para situarse en un 26%, aún lejos de lo fijado por la norma aprobada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, “al final de la legislatura, el objetivo es superar el 34% de financiación por parte de la Administración General del Estado en dependencia”, afirmaron desde la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Uno de los principales objetivos es reducir las listas de espera, que arrastran una cola de 270.000 personas que, pese a tener reconocida la dependencia, aún no les han llegado las ayudas. Muchos de ellos, de hecho, fallecen sin llegar a percibir las prestaciones a las que tienen derecho.

El Gobierno también pretende emplear los fondos europeos para modificar el sistema de residencias de mayores y tender a un modelo más centrado en la teleasistencia y los “cuidados de proximidad”, con centros de mayores más pequeños. “Todos los expertos, patronales y comunidades autónomas venimos desarrollando una reflexión para ir a un modelo centrado en la persona”, explicaron fuentes de la Vicepresidencia.

No obstante, este modelo aún debe ser discutido en el seno del Interterritorial del Sistema de Atención a la Dependencia, ya que la competencia es de las comunidades autónomas.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

En el borrador de Presupuestos Generales del Estado también se contempla un aumento del 150% en el plan concertado de servicios sociales. Si en el año 2010 la aportación del Estado era de 96 millones, en 2020 han sido 40. Está previsto un incremento de 60 millones que situará la inversión estatal en los cien millones en 2021.

Otro de los objetivos de la Vicepresidencia Segunda es impulsar una ley de Servicios Sociales que garantice “un suelo de calidad” en toda España. En este sentido, se plantean una especie de homologación o acreditación para las residencias de mayores para que se cumplan unos mínimos en la atención.