Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 presentado este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

Sin tener en cuenta los recursos europeos, el gasto en políticas para fomentar la creación de empleo crece un 8,6%.

Según explica el Ejecutivo en el proyecto presupuestario, los fondos europeos para esta materia “se destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados miembros”.

Adicionalmente, en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se incluyen transferencias a otras entidades del sector público estatal por importe de 206 millones, con el objeto de que éstas desarrollen actuaciones de fomento del empleo.

De los 1.194 millones de los fondos europeos que se dedicarán a fomentar el empleo, las cuantías más numerosas son las del SEPE: 355 millones se dedicarán a empleo joven, 315 millones a nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad y 298 millones a transformación digital y productiva.

En la parte de la política que no se financia mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se diferencian dos grandes bloques de actuación: las actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, con una dotación de 3.331 millones, y la formación profesional para el empleo, con 2.771 millones.

El resto de los créditos de esta política corresponde a gastos de funcionamiento y a fomento de la economía social.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

En el caso de la formación profesional para el empleo, de dicha cantidad de 2.771 millones, que corresponde a transferencias corrientes y de capital (+21,3%), 1.865 millones se van a gestionar desde el SEPE y 906 millones desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

De esos 1.865 millones que gestionará el SEPE, a formación de ocupados se dedicarán 1.084 millones, 443 millones a oportunidades de empleo y formación y 339 millones a formación de desempleados.

En la parte correspondiente al Ministerio de Educación, 586 millones se destinarán a la oferta formativa para desempleados, 205 millones a la oferta formativa para ocupados y 20 millones a actuaciones extraordinarias.

Por su parte, las bonificaciones para contratación se dotan por importe de 1.655 millones, con el fin principal de favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayor dificultad de acceso al mismo, como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o jóvenes, entre otros. En total, el Gobierno estima que 684.000 personas se beneficiarán de las bonificaciones para la contratación.

La dotación para oportunidades de empleo, con un total de 910 millones para 2021, se incrementa en un 34,6%. Con estos créditos se financian, entre otras medidas, actuaciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad, así como el programa de fomento del empleo agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, para el que se dotan 259 millones.

Asimismo, los Presupuestos para 2021 incluyen 526 millones para potenciar la orientación profesional, con un incremento del 64,6%, para que sea “la puerta de entrada a los servicios públicos de empleo a través de un acompañamiento personalizado a lo largo de la vida laboral”. Se dota con 83 millones un programa de refuerzo de los SEPE autonómicos en las labores de orientación y prospección para el empleo, mediante el cual se espera que las regiones mantengan o contraten a 2.864 personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo.

Al fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo se dedican 20 millones y a modernizar los servicios públicos de empleo se aportan 85 millones.

PLAN DE EMPLEO JOVEN

En 2021 se completa el ámbito temporal previsto en el ‘Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021’, consensuado con las comunidades autónomas y con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con un coste estimado en los tres años de vigencia de 2.000 millones de euros, de los cuáles 663 millones se consignan para 2021.

Por último, el programa ‘Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas’ tiene una dotación de 16 millones para 2021, con un incremento en sus transferencias corrientes de seis millones respecto a 2020, destinados principalmente para el desarrollo y ejecución de la Estrategia Española de Economía Social 2021- 2027 y para la contratación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones incluidas en el ámbito de competencias de la Dirección General.