En una entrevista con Servimedia, la actual directora general de la asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) sostiene que la actual propuesta del Gobierno llevará a un choque donde la oferta de alquiler “se va a reducir más” y la actual inestabilidad económica hará “aumentar la demanda”, lo que acabará siendo “peor para los colectivos más vulnerables, porque los propietarios seleccionarán a aquellos inquilinos con mayor solvencia”.

Señala que hay un “rechazo rotundo” a la medida por parte de “todo el sector”, pero también por parte de “economistas, académicos e informes del Banco de España o el FMI”, que señalan que existen “grandes evidencias” que contradicen la implementación de la nueva norma, y que lo que necesitan los propietarios es “seguridad jurídica y un marco regulatorio estable”.

Toribio añade que el número de viviendas sociales en España “representa el 1,5% del parque total” del mercado, mientras que “la media de la Unión Europea está en el 19%”, y que tan solo “un 23% de la población española vive en alquiler”, muy por detrás de la media europea que “está en el 31%” o de las cifras de Francia y Alemania “donde esa población supera el 40%”.

Apunta a que la solución “pasa por aumentar la oferta de vivienda en alquiler” en todas sus modalidades, pero sobre todo la “social y asequible”, ya que en España existe un “déficit de vivienda social muy importante”.

Según los datos del Gobierno que maneja la directora general, hay tan solo 300.000 viviendas sociales, lo cual “cubre tan solo al 1,6% de hogares que existen en nuestro país”.

Con respecto a Europa, afirma hay que “copiar las cosas que sí funcionan”, como el fomento al alquiler asequible, y no “el control de precios, que se está viendo que no ha controlado los precios” en otras ciudades de Europa como París o Berlín y que además tiene “efectos perniciosos como la gentrificación”.

En el caso de Berlín, señala que la medida llevó a una reducción de la oferta del 25% en un año, y que además “en ambas ciudades ha habido que modificar la ley en varias ocasiones”, al ver que “no daba los efectos esperados”.

Toribio sostiene que el Gobierno “está legislando a favor de una parte” de los afectados, pero que hay “pequeñas familias donde el ingreso de una renta es clave”, y que los pequeños propietarios “están pagando una factura muy importante”, también debido a otros problemas como “las negociaciones de renta, las moratorias o los impagos”.

La directora general establece que, según los cálculos de Asval, el costo del alquiler se sitúa entre un 30 y 40% de la renta familiar, y admite que “el esfuerzo para el pago de una renta es muy alto” y que la Administración tiene que “apoyar a aquellos colectivos que peor lo están pasando” con un “paquete de ayudas directas” a los inquilinos, para que el esfuerzo salarial se vea reducido.