Según informó este viernes el CGE, la Mesa de la Profesión Enfermera ha trasladado esta queja al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). La realización de estos test en las oficinas de farmacia supondría una vulneración del actual marco jurídico sanitario, "incluyendo hasta 12 normas de distinto rango, que pondría en grave riesgo la seguridad y salud de la ciudadanía, por lo que, en caso de realizarse, emprendería todas las acciones legales oportunas a nivel nacional y europeo".

En sendas cartas, remitidas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la directora general de la Aemps, María Jesús Lamas, la Mesa de la Profesión Enfermera desgrana todos los argumentos a nivel legislativo, administrativo y sanitario que rebaten los esgrimidos por el Gobierno madrileño y que concluyen, de manera categórica, que ni por las atribuciones, competencias y formación que tienen los farmacéuticos ni por la propia configuración de las oficinas de farmacia, es posible a día de hoy convertirlas sin más en centros para la realización de pruebas diagnósticas de Covid-19.

Además, advirtió igualmente del riesgo que ello supondría para al conjunto de la ciudadanía al facilitar que estos establecimientos comerciales se conviertan en posibles focos de contagio y transmisión del coronavirus.

ACCIONES LEGALES

Por ello, insistieron el CGE y Satse que "en el supuesto de que se adoptara cualquier medida que suponga la aceptación de la propuesta formulada a la Aemps por parte de la presidenta y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Mesa de la Profesión Enfermera se vería obligada a emprender todas las acciones legales oportunas, no sólo para la impugnación en vía judicial de la decisión, sino también ante otras instancias nacionales, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y europeas, como la Comisión Europea".

Ante estas circunstancias, la Mesa de la Profesión Enfermera estaría dispuesta a poner en marcha una campaña a favor de la liberalización de las farmacias para equiparar este sector con todos los países del mundo.

En España, destacaron, "las farmacias son prácticamente un monopolio, muchas veces incluso hereditario que pasa de padres a hijos. Para ser dueño de una oficina de farmacia, un establecimiento comercial donde se venden, no sólo medicamentos, también multitud de productos sin evidencia científica ninguna como homeopatía, refrescos, adelgazantes o cremas antienvejecimiento, tienes que tener el título de farmacéutico".

En otros países es indiferente el título universitario del dueño del negocio, basta con que quien esté atendiendo al cliente sea un farmacéutico. "Estas limitaciones no existen ni tan siquiera para ser dueño de un hospital", puntualizaron desde la Mesa de la Profesión Enfermera.

PERSONAL CUALIFICADO

Por ello, remarcó que, entre otras normativas que se incumplirían, se encuentra la relativa a la prevención de riesgos laborales que establece que para hacer en condiciones de seguridad este tipo de test se necesita contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas y con personal cualificado para la realización e interpretación de los mismos.

Del mismo modo, hay que realizar una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados y propiciar el registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública, entre otras cuestiones. Todas estas medidas sirven para minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad y sólo pueden garantizarse en los centros sanitarios.