La entidad ha publicado un documento titulado ‘Análisis de los procedimientos de insolvencia en España en el contexto de la crisis del Covid-19’.

El Gobierno, con el objetivo de evitar un aumento sustancial de los concursos de acreedores que colapsaran los Juzgados de lo Mercantil, ya congestionados antes de la pandemia, acordó una moratoria concursal por la que el deudor no tiene la obligación de solicitar concurso hasta finales del año, y tampoco lo pueden hacer sus acreedores.

El banco central señala que “si bien el objetivo de esta medida es evitar la liquidación de empresas con problemas transitorios de liquidez pero solventes en el medio plazo, en un contexto de gran incertidumbre económica que no permite discernir correctamente entre empresas viables e inviables, un posible efecto colateral de la medida es permitir una mayor tasa de supervivencia de empresas no viables”.

A su juicio, esto puede “conllevar efectos negativos en la necesaria reasignación de factores productivos y recuperación de la actividad empresarial en su conjunto en el medio plazo”.

La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos resalta el papel fundamental de los procedimientos de insolvencia en la actividad empresarial y el emprendimiento, a través de numerosos canales como incentivar la provisión de crédito y facilitar la reestructuración de deuda de empresas insolventes pero viables y la liquidación de empresas inviables, con importantes implicaciones para la inversión, la innovación y la productividad agregada de la economía.

Sin embargo, observa que el sistema concursal español se ha caracterizado tradicionalmente por su escaso uso por parte de las empresas en dificultades financieras, especialmente en el caso de sociedades de reducida dimensión y de empresarios individuales, en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno.

Algunos observadores apuntan que la razón sería el mal funcionamiento de los concursos de acreedores, que “suelen ser procedimientos largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas”.

“Este fenómeno no parece haber cambiado sustancialmente a pesar de las numerosas reformas de la Ley Concursal llevadas a cabo durante la crisis fi nanciera global y la posterior recesión, incluyendo la introducción de mecanismos preconcursales para resolver situaciones de insolvencia en las primeras fases de esta”, remarca el documento. “Este problema estructural de la economía española cobra especial importancia en la actual crisis del Covid-19 y en su fuerte impacto en la situación financiera de empresas y de autónomos, a pesar de las numerosas medidas desplegadas por el Estado, las autoridades europeas y el Banco Central Europeo para mitigarlo".