Fue promovida por el Cermi en 2015 y su objetivo es modificar la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en lo relativo a su participación en el coste de los servicios y prestaciones.

Más de 740.000 personas respaldaron con su firma la iniciativa que, a causa de la inestabilidad política, ha decaído hasta en cuatro ocasiones desde su llegada al Congreso en 2016. Según el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector de la discapacidad y la dependencia”.

Por eso, pidió “el respaldo unánime” de todos los grupos a esta ILP que propone introducir una serie de criterios en la actual Ley de la Dependencia para acabar con “el copago confiscatorio”. Entre estos, la propuesta demanda dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.