Según explicó el Gobierno, la experiencia en la adopción de este sistema de adquisición de vehículos, que viene aplicándose desde 1998, demuestra que aporta numerosas ventajas, tales como la reducción sustancial del coste.

En concreto, esta modalidad reduce el gasto de la administración, gestión y mantenimiento de la flota (personal, talleres, etcétera); permite mejor control de los costes (mantenimiento y averías); y propicia una mayor operatividad de los vehículos, así como una reducción del consumo de combustible como consecuencia de la modernización de la flota.

El contrato que suscribirá el Estado establece que el número de vehículos a suministrar dependerá de la oferta que realice el adjudicatario. Sobre la base del presupuesto anual (unos ocho millones de euros), cada licitador ofrecerá un número determinado de coches.

Esto implica que las ofertas más baratas ofrecerán un mayor número de coches y viceversa y las más caras un menor número de ellos (precio máximo 1.000 euros vehículo/mes).