Los populares recuerdan que Diego Bello falleció el pasado día 8 de enero en la isla filipina de Siargao tras ser abatido por seis disparos, cuando iba a entrar en su domicilio. Las autoridades del país asiático concluyeron que el joven murió en el marco de una operación antidroga, aunque “diez meses después siguen existiendo numerosas dudas respecto a las circunstancias en las que se produjo” el óbito.

Diego Bello carecía de antecedentes penales, no había estado involucrado en nada relacionado con las drogas durante su estancia en países como España, Reino Unido, Tailandia, Australia, Honduras y Filipinas y no se ha podido demostrar que portara estupefacientes o armas cuando recibió los disparos, agrega el PP.

También añade que las personas que le conocieron ponen de manifiesto su “estilo de vida sano y deportista y su carácter emprendedor, lo que le llevó a fundar y a desarrollar con éxito cinco empresas en Filipinas, su último país de residencia: el hotel White House Hostel, la tienda de surf Maman, el restaurante y discoteca La Santa y un local de tatuajes con el mismo nombre”.

En estos negocios, puntualiza el PP, cumplía con los requerimientos establecidos en la legislación filipina, con un socio legal y con sus obligaciones legales y tributarias.

A su vez, expone que los testimonios de los testigos, el informe forense realizado en España y la investigación llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas “despiertan dudas respecto a las circunstancias en las que se produjo su muerte”.

A ello se suma que el informe toxicológico realizado en el Instituto de Medicina Legal de Madrid por orden de la Audiencia Nacional descartó que Diego Bello hubiera consumido drogas durante al menos los ocho meses anteriores a su muerte o que hubiera disparado, ya que no se encontraron restos de pólvora en sus manos.

Además, el PP expone que al menos uno de los disparos que Diego Bello recibió se realizó a escasa distancia y cuando su cuerpo estaba tendido en el suelo, un hecho que corrobora la autopsia previa realizada en Filipinas a instancias de la familia, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y la Embajada de España en el país asiático.

Del mismo modo, afirman que las imágenes de las cámaras de seguridad de su local “demuestran que momentos antes de regresar a su domicilio no portaba un arma ni mochila o riñonera donde esconderla”, al tiempo que los testimonios de sus vecinos a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, sus amigos y empleados “contradicen la versión oficial respecto a un enfrentamiento armado entre policías y víctimas, así como que el revólver y la riñonera con droga depositada junto al cadáver fuera de su propiedad”.

“El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas afirma que ‘Todo apunta a una ejecución sumaria’”, señala el PP.

A pesar de que la familia de Diego Bello, continúa el PP, “ha reconocido y agradecido el apoyo” del personal de la embajada española en todo momento, “las dudas existentes exigen la mediación del Gobierno para que se esclarezcan de forma definitiva todas las circunstancias de la muerte de este ciudadano español en Filipinas, (para que) la familia reciba un consuelo que sólo es posible si se esclarece el caso y (para que) que, eventualmente, se depuren responsabilidades”.

Por todo ello, los populares pretenden con su iniciativa instar al Gobierno que solicite a las autoridades filipina, “en aras de la relación de amistad y cooperación diplomática” entre España y Filipinas, el desarrollo de una “investigación imparcial” para esclarecer las circunstancias que rodearon al asesinato del español Diego Bello en ese país, determinar la identidad y paradero de los presuntos disparos y establecer medidas cautelares “que eviten su posible fuga antes de un eventual juicio”.

También buscan que se reclame a las autoridades filipinas toda la documentación judicial de la que pudieran disponer sobre Diego Bello, “tanto la previa a la intervención policial que le causó la muerte como la posterior a la firma, resultado de la investigación realizada”, según lo establecido en el tratado sobre asistencia judicial en materia penal suscrito entre España y Filipinas.