La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, informó este martes de que se ha aprobado un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para “equilibrar las cuentas de la Seguridad Social” tras el impacto de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia como las prestaciones extraordinarias para los autónomos o la exención de cotizaciones asociada a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El pasado mes de mayo ya se concedió un crédito extraordinario por un importe de 14.002,59 millones, que ahora tiene una ampliación con el objetivo de atender las medidas excepcionales puestas en marcha por el coronavirus, según precisó el Ministerio de Inclusión en una nota de prensa.

Del mismo modo, la portavoz gubernamental informó de un crédito extraordinario de 2.300 millones para el SEPE con el objetivo de “hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo” derivado de la crisis, con la puesta en marcha de nuevas prestaciones y la prórroga de los ERTE que “no estaba prevista” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, actualmente en vigor.

Montero expuso que la transferencia para la Seguridad Social se alinea con las recomendaciones del Pacto de Toledo de “ir reduciendo el déficit histórico” del Sistema y trasladar “garantía” respecto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones y aseguró que tanto los recursos a Seguridad Social como al SEPE están “en línea” con las previsiones de déficit público de las distintas administraciones comunicadas a la Comisión Europea.

Estos créditos se incluyen en el real decreto ley aprobado este martes en el que se amplían los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de junio de 2021, se extiende el periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses y se amplían los plazos de los créditos en tres años, además de incluir otras medidas de carácter concursal o tributario.