En un comunicado conjunto, la asociación de autónomos ATA; la patronal de las aseguradoras, Unespa, y la asociación que agrupa a las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Inverco, rechazaron la bajada planteada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Señalaron que “la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”.

Según los datos aportados, en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón en planes de previsión de asegurados que se van a ver afectados “con carácter directo e inmediato” por la medida, y de los cuales, muchos son autónomos.

Las tres organizaciones explicaron que el ahorro individual es necesario por la estructura del mercado laboral español y que establecer diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social “relegando” a los individuales, que tendrían un límite inferior, es “discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”, particularmente para los más de 3,2 millones de autónomos y los empleados de las pymes. “Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”, reclamaron.

También apuntaron que la reducción del límite fiscal para los planes individuales puede generar una cuantía “insuficiente” de ahorro y puntualizaron que se debe tener en cuenta la irregularidad de los ingresos del trabajo, especialmente en el caso de los autónomos.

ATA, Unespa e Inverco propusieron que los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social se supriman y se sustituyan por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador. Destacaron que la tendencia en los países europeos y en el entorno de la OCDE es la de incentivar los dos tipos de planes de pensiones y el planteamiento español “contravendría” esa tendencia.

Por último, señalaron que la medida supondrá menores ingresos para el Estado en el medio y el largo plazo porque la reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento del trabajo de las prestaciones.