Los diputados de Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos, PNV, JxCat, Compromís, Mas País y PSOE votaron a favor; los de ERC, Foro Asturias y algunos más del Grupo Mixto votaron en contra, mientras que el PP se abstuvo. Varios grupos habían solicitado la tramitación de esta norma como proyecto de ley por la vía de urgencia, extremo que fue rechazado con 179 votos en contra, frente a 162 votos a favor.

Aprobado el pasado 3 de noviembre en Consejo de Ministros, este decreto ley contempla el reparto de 26.404.089,44 euros procedentes del 0,7% del Impuesto de Sociedades entre 297 entidades estatales sin ánimo de lucro dedicadas a acciones de interés social.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tomó la palabra en el Pleno para defender la norma, cuya necesidad justificó “por razones de urgencia”. Según Iglesias, este decreto ley permitirá, por primera vez, el reparto de los fondos procedentes de la 'X Solidaria' de las empresas que, aunque aprobada en 2018, hasta 2020 no se ha hecho efectiva.

El vicepresidente admitió que la regulación de la 'X Solidaria' del Impuesto de Sociedades establecía que estas ayudas “deberían concederse por concurrencia competitiva” mediante desarrollo reglamentario y que, en cambio, la norma que hoy se debate recoge subvenciones nominativas.

“Las especiales circunstancias sobrevenidas” tras la declaración del estado de alarma retrasaron los trabajos del reglamento y, ante la posibilidad de “no llegar a tiempo”, el Gobierno decidió aprobar este real decreto, explicó.

Aseguró que su objetivo es ayudar a las entidades de Acción Social de ámbito estatal a “cubrir sus gastos de funcionamiento” para que puedan “hacer frente a los sobrecostes derivados de la pandemia”, tales como la adquisición de equipos y el aumento de necesidades sociales entre los colectivos más vulnerables.

Serán beneficiarias de estas subvenciones entidades que trabajan en la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo; la promoción de la igualdad; la atención a personas con discapacidad; la lucha contra la violencia de género y la atención a sus víctimas; el apoyo a las personas mayores, y la inclusión social de colectivos como migrantes, población reclusa, personas sin hogar, pertenecientes al pueblo gitano o drogodependientes, entre otras.

La norma “nos va a permitir cumplir con el compromiso que adquirió esta Vicepresidencia Segunda de aumentar la financiación de todo el conjunto del Tercer Sector”, declaró Iglesias. Agregó que “es obligación del Gobierno y de justicia reconocer y agradecer el gran esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que en los últimos meses han redoblado sus esfuerzos para atender a miles de personas” afectadas por las consecuencia sociales, económicas y sanitarias del Covid-19. “En nombre del Gobierno de España, muchas gracias”.

Asimismo, Iglesias extendió esta gratitud “a los contribuyentes y a las empresas que marcan la 'X Solidaria', ya sea en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, que hacen posible miles de proyectos. “Al Ejecutivo le corresponde garantizar el reparto de estos fondos”. Por ello, pidió el respaldo unánime de la Cámara al decreto ley que “no debe entenderse como un apoyo al Gobierno, sino a todas estas entidades que recibrán los fondos y a las miles de personas” que se beneficiarán de ellos.

NUEVA FINANCIACIÓN

Así pues, fueron "razones de urgencia evidentemente justificadas" las que propiciaron este decreto ley, afirmó el vicepresidente. Con todo, se mostró consciente de que esto “ha sido una solución excepcional “, ya que “la financiación del Tercer Sector precisa una revisión profunda en torno a tres ejes fundamentales”.

El primero se refiere a la necesidad de “llegar a un acuerdo, respetando las sentencias de los tribunales, entre Estado y comunidades autónomas” en el reparto de la recaudación procedente del 0,7% de la casilla de Fines Sociales en el IRPF, que este año se ha fijado en un 85/15% a favor de las primeras.

El segundo, prosiguió, tiene que ver con “la necesidad de asegurar una financiación que permita la sostenibilidad del sector y garantice la viabilidad económica de los proyectos y de las entidades a largo plazo”.

Finalmente, Iglesias apostó por mejorar “la transparencia en la gestión del dinero que los contribuyentes deciden aportar”, con una mayor rendición de cuentas y la evaluación de los proyectos subvencionados.

Estas cuestiones serán abordadas la semana que viene en la reunión que la Secretaría de Estado del ramo tendrá con el Consejo nacional de ONG de Acción Social y también en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, indico Iglesias.

Su objetivo, confesó, pasa por mantener un diálogo profundo entre Gobierno, comunidades y Tercer Sector, a fin de llegar a “un acuerdo estable sin demora”.

La misma idea expresaron varias diputadas, como la portavoz socialista, Sonia Guerra; la portavoz del grupo de Ciudadanos, Sara Giménez; la responsable de Unidas Podemos, Pilar Garrido, o el de JxCat, Genís Boadella. Destacaron la necesidad urgente de introducir “cambios en la financiación del Tercer Sector que garanticen una mayor estabilidad”, tanto a las organizaciones como a los proyectos que desarrollan, por lo que reconocieron “la urgente necesidad de aportar liquidez al sector”.

Según Guerra, se trata de garantizar “los derechos a la participación social de los más desfavorecidos”, que “los recortes de tantos años por parte de los gobiernos de la derecha pusieron en serio peligro”. Por su parte, Sara Giménez alabó la labor de todas estas asociaciones y, como antigua trabajadora en una de ellas, puso en valor la incertidumbre financiera con la que todas tienen que convivir.

Por eso, es “urgente garantizarles estabilidad”. También los portavoces de PNV y Compromís, Íñigo Barandiaran y Joan Baldoví, respectivamente, consideraron la necesidad de sacar este decreto adelante, si bien expresaron ciertas dudas en cuanto a los criterios utilizados.

Esta fue precisamente la crítica que esgrimieron Inés Granollers (ERC) e Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias), quienes criticaron la opacidad en el reparto de fondos, tanto a la hora de determinar las entidades beneficiarias como las cuantías que estas recibirán. “No queremos poner en duda ni la utilidad ni los méritos de las entidades beneficiarias”, afirmó Granollers.

”Seguro que todas ellas se lo merecen”, prosiguió, pero “también nos preguntamos por qué otras muchas no están incluidas en el listado”.

En este sentido, rechazó que sea el Gobierno central el encargado de decidir sobre el reparto de los fondos y criticó que además estos se destinen a entidades de ámbito estatal de forma obligatoria, lo que a su juicio “vulnera el Estatut de Catalunya, que concede competencia plena en servicios sociales”.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Margarita Prohens, puso también en duda los criterios con los que se acordó el reparto de subvenciones y, aunque reconoció “la gran labor que realizan la gran mayoría de estas entidades", expresó ciertas dudas sobre algunas de ellas.

En esta línea se expresó su compañero de Foro Asturias, quien acusó al Gobierno de “hacer clientelismo con criterios ideológicos” a través de este decreto.

Con todo, Prohens justificó la abstención de su grupo porque “la 'X solidaria' de las empresas, que aprobó un Gobierno del Partido Popular, es una buena idea, pésimamente gestionada”.

En términos más duros se expresó la responsable de Vox, María de la Cabeza Ruiz, quien acusó al Gobierno de incluir en el listado de beneficiarios a “sus amigos e hijos ideológicos".

Puso el ejemplo de varias ONG feministas y de apoyo a las mujeres, que “si tuvieran vergüenza, deberían devolver los fondos que reciban”. A pesar de ello, "nos tragamos ese sapo y apoyamos" el decreto, subrayó, conscientes de la urgencia social en el reparto de estos fondos.