AUME emitió un comunicado en el que explicó que “esta descabellada propuesta” surge para responder a la “existencia de ‘listas de espera’ provocadas por la falta de capacidad de los Alojamientos Logísticos Militares”.

Por ello, deploró que el Ejército de Tierra busque “desahuciar a los que ocupen estos alojamientos estableciendo un periodo máximo de ocupación, transcurrido el cual deberían ceder el alojamiento a otros militares, aunque las razones que motivaron su otorgamiento y uso no hubieran desaparecido”.

Desde su punto de vista, la concreción de esta propuesta supondría “un escenario de precariedad más, a sumar a la precariedad retributiva, que, además, se puede acrecentar en función del PIB (o de la renta) de la población de destino”.

AUME explicó que el “problema de fondo” es “la falta de inversiones en nuevas infraestructuras o la adecuación de las ya existentes y su reparto equitativo” para “solucionar la carencia de plazas”.

Señaló que el Ministerio de Defensa es “responsable o corresponsable de esta situación” por su renuencia a desarrollar una nueva Ley integral de Movilidad Geográfica que permita responder a “los retos que las peculiaridades de la carrera militar exigen a los hombres y mujeres militares y a sus familias”.

AUME consideró grave que este problema no se aborde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y dejó claro que “no consentirá jurídicamente que la propuesta del Ejército de Tierra se haga realidad” reiterando la necesidad de poner en marcha una nueva Ley integral de Movilidad Geográfica.